Organizaciones denunciarán en CIDH casos
de mujeres y
pueblos no contactados
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13 OCT2015
Organizaciones
ecologistas de Ecuador denunciarán la próxima semana ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) varios casos en los que consideran
que se han cometido vulneraciones de derechos contra poblaciones indígenas no
contactadas y contra mujeres activistas en ese país andino.
El colectivo Yasunidos
pedirá a la CIDH que se suspendan las actividades petroleras en las zonas en
las que existe población no contactada, al considerar que labores extractivas
que se llevan a cabo en zonas de la Amazonía ecuatoriana vulneran los derechos
de esos pueblos.
La denuncia se
presentará el próximo 19 de octubre durante el próximo periodo de sesiones de
la entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington,
informó hoy en conferencia de prensa el abogado Ramiro Ávila.
Indicó que estas
actividades afectan derechos de los pueblos tagaeri y taromenane, si bien el
Gobierno ecuatoriano ha manifestado que las zonas en las que se llevan a cabo
tareas de extracción de crudo no forman parte de las áreas protegidas donde
habitan estas poblaciones en situación de aislamiento voluntario.
En opinión del
letrado, este caso podría ser la "bandera de lucha en el sistema
interamericano" para "llamar la atención" sobre las
vulneraciones de derechos que sufren también otros pueblos no contactados que
habitan en otros países de la región.
También ese día se
presentará a la CIDH otra denuncia sobre la "represión" que sufren
activistas femeninas de organizaciones indígenas por parte de autoridades como
consecuencia de la "defensa territorial" que llevan a cabo, dijo la
responsable del área de Mujeres de la organización Acción Ecológica, Ivonne
Ramos.
Citó como ejemplos de
supuesta vulnerabilidad el de Alicia Cahuiya, vicepresidenta de la Organización
de la nacionalidad Huaorani del Ecuador (Onhae); Patricia Gualinga, dirigente
de Relaciones Internacionales del Pueblo Sarayaku; Gloria Ushigua, presidenta
de la Organización Sapara del Ecuador, y Esperanza Martínez, integrante de
Acción Ecológica.
También, de Margoth
Escobar, Defensora de los Derechos de la Naturaleza-Saramanta-Warmikuna, y de
Paulina Muñoz, coordinadora de Ecuador Decide.
Según Esperanza
Martínez, estos casos se inscriben en un contexto regional en el que existen
"niveles progresivos de criminalización en relación a las mujeres que van
de la estigmatización al hostigamiento y el uso de los códigos penales",
lo que, en algunos países ha desembocado en casos de "asesinatos y de
desaparición".
El Gobierno
ecuatoriano ha rechazado las denuncias y ha afirmado que el Estado ha cumplido
con las medidas cautelares, decretadas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CorteIDH), sobre los pueblos en aislamiento voluntario.
Además ha descartado
las denuncias sobre "criminalización" y "hostigamiento"
contra grupos sociales y ha replicado a los ecologistas en el sentido de que
ellos defienden intereses particulares.
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