martes, 26 de enero de 2016

Ecuador, EXCLUSIVA I DOCUMENTOS FILTRADOS

Ponemos en su conocimiento el informe de la auditoría de los tbi, documento esperado por el movimiento social mundial desde hace casi un año. hoy lo difundimos gracias a la publicación del documento filtrado y difundido por el periódico diagonal
Diagonal hace público los resultados de la auditoría sobre tratados de inversión en Ecuador
Una serie de estudios encargados por el Gobierno de Correa alertan que la firma del acuerdo comercial con la UE podría animar la fuga de capitales y generar una crisis en la balanza de pagos de Ecuador.
, Quito (Ecuador)

Rafael Correa denunció los tratados bilaterales TBI al llegar a la presidencia. Tras el inicio de las negociaciones con la UE, cambió el discurso


La CAITISA, siglas que resumen el largo y tedioso nombre de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones, fue creada por el Gobierno de Ecuador (Decreto Ejecutivo No 1506) el 6 de mayo de 2013 con el objetivo de realizar una auditoria integral de los Tratados Bilaterales de Protección Recíproca de Inversiones (TBI) y del Sistema de Arbitraje Internacional, buscando examinar “su legitimidad, legalidad e impacto de aplicación”.
Conformada por expertos independientes en materia de inversiones y derecho internacional que trabajaron junto a representantes del Gobierno, la CAITISA concluyó su labor el pasado mes de diciembre.
El periódico Diagonal difunde a través de esta página tres de los informes elaborados por la CAITISA, en los que se resume los análisis, conclusiones y recomendaciones realizados al gobierno ecuatoriano, quien hasta el momento ha guardado silencio sin hacer públicos sus contenidos.
¿Qué son los TBI?
Los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones (TBI) son un tipo especial de contrato suscrito entre Estados para asegurar protección al inversor extranjero por parte del Estado receptor.
Su contenido obedece a un formato recomendado en 1962 por el Consejo de Ministros de la OCDE, aunque con el tiempo se han ido adaptando a los nuevos requerimientos de los inversores. Desde entonces, los TBI se han difundido ampliamente a lo largo y ancho del planeta, como reflejo de la actual hegemonía del interés privado sobre el interés público.
Uno de los temas más polémicos de los TBI son los procedimientos de solución de controversias entre los inversores y el Estado, en el que se adopta la modalidad de arbitraje en cortes extranjeras. Esta cláusula pone a las corporaciones internacionales al mismo nivel que los Estados, posibilitando el ejercicio de demandas judiciales por parte de los primeros contra los segundos.
La duración de los TBI condiciona la soberanía de los Estados, dado que más allá de su duración del contrato, de forma adicional se contemplan cláusulas de “prorroga” con lo cual subsisten luego de finiquitados. Por lo general, estos plazos se mueven entre 10 y 20 años, lapso de tiempo en el que los Estados pueden ser requeridos para un proceso arbitral, con independencia de que pudieran anteriormente haber denunciado dicho tratado.
Molesto contenido en los informes de la CAITISA
Los TBI firmados por el Estado ecuatoriano, la mayoría de ellos celebrados entre 1992 y 2002 durante el auge neoliberal, ahora están en fragante contradicción con lo que dispone su actual Constitución, en vigor desde octubre de 2008.
En su Artículo 442, dicho texto constitucional determina que no se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.
Los TBI firmados por Ecuador están en fragante contradicción con lo que dispone su actual Constitución, en vigor desde octubre de 2008
A esto hay que sumar las anomalías existentes en la adhesión de Ecuador al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), iniciada en enero de 1986, aunque no fue aprobada en el Congreso Nacional hasta enero de 2001. En estricto rigor, todos los TBI suscritos por Ecuador antes del 2001 deberían carecer de validez por adolecer de falta de requisito de jurisdicción, hecho no reconocido por este centro de arbitraje internacional.
Los motivos anteriormente expuestos, sumados a la connivencia del CIADI con las corporaciones transnacionales –el 62% de sus fallos han sido a favor de éstas–, determinaron que el presidente Rafael Correa denunciara en junio del 2009 el convenio del Ecuador con dicho organismo internacional. Pero todo esto no ha impedido que el pequeño país andino sea el tercero más demandado de América Latina –sólo superado en la región por Argentina y Venezuela– y el quinto en el ránking mundial.
En su informe de Conclusiones, la CAITISA enumera los 30 TBI firmados por el Ecuador. De ellos, 27 entraron en vigencia. De estos, 26 se encontraban vigentes en 2008, momento en el que el Gobierno presidido por Rafael Correa adoptó la decisión política de iniciar el proceso de denuncia de todos estos tratados internacionales.

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Nueve de los 26 TBI vigentes se denunciaron por vía diplomática, aunque seis de ellos mantienen vigencia por aplicación de la cláusula de remanencia; 17 se denunciaron bajo las reglas de la Constitución de 2008, aunque todos ellos también mantienen su vigencia, sea por aplicación de la cláusula de remanencia –caso con Finlandia–o bien porque el proceso de denuncia quedó paralizado. Este documento también recoge las tensiones evidentes entre la legislación nacional y los TBI.
Los informes filtrados recalcan la necesidad de continuar con los procesos de denuncia de los TBI iniciados por el Gobierno en 2008 pero actualmente paralizados
Al respecto no sólo se hace referencia a la sesión de soberanía y sometimiento del Ecuador a tribunales internacionales, sino también al hecho de que los TBI atentan contra la capacidad regulatoria del Estado sobre la inversión extranjera,pues limitan las posibilidades del Gobierno de imponer obligaciones al inversor o de regular sus operaciones en el país.
Además, los TBI ecuatorianos no contienen obligaciones para los inversionistas, como por ejemplo la protección del ambiente o la transferencia de conocimiento y tecnología a favor del país receptor de la inversión. Se destaca el hecho de que Ecuador ha sido demandado ante tribunales internacionales en 24 ocasiones, 17 de ellas durante la gestión del presidente Correa. En total, el Estado ecuatoriano ha sido demandado por un total de 17.765 millones de dólares, de los cuales ya se han pagado o se adeudan la suma de 2.807 millones de dólares por las demandas ya concluidas de IBM, Oxy I, Oxy II, Duke Energy, Noble Energy & Machala y Chevron II. A esto hay que sumar el costo de los bufetes de abogados –en su mayoría extranjeros– y otros gastos del arbitraje, lo que en el período comprendido entre 2003 y 2013 significa otros 156 millones de dólares.
A pesar de lo anterior, la CAITISA considera que la inversión extranjera que llega al Ecuador es poca y por lo tanto no determinante en el crecimiento económico del país.Además, considera que los TBI no han desarrollado un rol significativo para la atracción de capital extranjero. Es por todo lo anterior que el informe de CAITISA denominado Recomendaciones finales recalca la necesidad de continuar con los procesos de denuncia de los TBI iniciados por el Gobierno en 2008 pero actualmente paralizados.
El documento, además, plantea alternativas en el marco de crear nuevos instrumentos reguladores entre el Estado y los inversores, así como la necesidad de renegociar los contratos ya establecidos.
Respecto a las cortes de arbitraje, la CAITISA considera que son las cortes nacionales el instrumento más idóneo para resolver disputas en materia de inversiones.
Por último, en su informe denominado Análisis de las cláusulas sustantivas de los TBI celebrados por la República de Ecuador, la CAITISA desarrolla un estudio comparativo entre los TBI, el repudiado ALCA y el Acuerdo Comercial suscrito por Colombia y Perú con la Unión Europea (UE) al que Ecuador ha pedido su adhesión.
El estudio encuentra grandes similitudes entre las más sustanciales cláusulas existentes en los TBI respecto a las del viejo ALCA y las contempladas en el reciente Acuerdo Comercial con la UE. Este análisis considera que las reglas aplicadas en  los TBI, el proyecto inconcluso del ALCA y el Acuerdo Comercial con Europa que tienen como objetivo la protección de la inversión extranjera son exactamente las mismas. De esta manera, tanto TBI como Tratados de Libre Comercio (TLC) como Acuerdo Comercial con UE, comparten cláusulas estratégicas similares, lo que pone en entredicho la constante negación del presidente Correa respecto a haber aceptado un TLC con Europa.
La CAITISA alerta al respecto, considerando que la firma de este acuerdo comercial con la UE podría animar a aumentar la fuga de capitales y generar una crisis en la balanza de pagos de Ecuador.
Giro político de Rafael Correa
Más allá que el presidente Correa goce de amplias simpatías entre el progresismo internacional, en gran parte debido a sus argumentadas críticas a la asimétrica relación entre los países del Norte y los del Sur, la parálisis de los procesos de denuncia de los TBI parece responder a un cambio de decisión política por parte del Gobierno.
Los procesos de denuncia de estos tratados quedaron paralizados a partir de que Ecuador pidiera su adhesión al Acuerdo Comercial europeo
No parece casualidad que en el caso de los TBI firmados por el Ecuador con países integrantes de la Unión Europea (Alemania, Gran Bretaña, Francia, Suecia, Países Bajos, España e Italia) estos procesos de denuncia quedaran paralizados a partir de que Ecuador pidiera su adhesión al Acuerdo Comercial europeo.Todo ello a pesar de que todos estos TBI disponen de un dictamen de inconstitucionalidad emitido por la Corte Constitucional y que, incluso, en cuatro de estos casos la denuncia del tratado ya hubiera sido aprobada en el Legislativo ecuatoriano.
La renuencia por parte del Gobierno de llevar a término los procesos de denuncia de los TBI sumado a la firma del Acuerdo Comercial con la UE, implicó que el más destacado miembro de la CAITISA, el prestigioso intelectual y político colombiano recientemente fallecido Carlos Gaviria, decidiera abandonar esta comisión en la cual ejercía como presidente.
En su carta de renuncia dirigida al presidente Correa, fechada el 28 de noviembre de 2014, sentenció:
“Hacer frente a la rampante economía de mercado global, reivindicando un  espacio donde sea posible el ejercicio soberano de poder, es sin duda una  apuesta seductora pero temeraria. Hay que vencer demasiadas  circunstancias adversas, y éstas se han ido magnificando como por ensalmo. 
Me parece que el fenómeno lo ha captado usted cabalmente , señor  Presidente, y como corolario inevitable su horizonte utópico se ha ido  menguando y palideciendo. Los indicios son significativos y contundes.
(…)
Entiendo perfectamente la situación que usted enfrenta, señor Presidente,  pero la mía es diferente: apelando a la dicotomía weberiana, usted debe  actuar conforme a una ética de la responsabilidad, que es la que  incumbe al gobernante. Yo, en cambio, que no tengo esas funciones, puedo  seguir  actuando según la ética de la convicción, que es la que ha guiado mi  comportamiento durante tantos años, y ella me dice que no debo  contemporizar con situaciones fácticas que no por irresistibles son menos  dignas de censura.


domingo, 24 de enero de 2016

Ecuador la criminalización de la protesta asoma en Puyo

SI DESEA VER INFORMACIÓN COMPLETA Y MAS, VICITE LA PÁGINA:
http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/entre-colibries-y-foucault-la-criminalizacion-la-protesta-asoma-puyo
Entre colibríes y Foucault, la criminalización de la protesta asoma en Puyo
“En medio del pánico y caotizado el centro de la ciudad por las bombas lacrimógenas, la gente que estaba en la movilización se dividió en pequeños grupos, los cuales fueron perseguidos por la policía y los militares, quienes detuvieron a gente en diferentes puntos de la ciudad”. Así narraba Andrés Tapia, uno de los ciudadanos asistentes a la manifestación, como finalizó la movilización del pasado 13 de agosto en el Puyo. Son 7 ciudadanos encausados en el Puyo por presunto terrorismo organizado, una figura penal que se aprobó con el COIP. Fueron acusados luego de las movilizaciones del 13 de agosto del 2015. Ellos tienen su audiencia este 26 de enero.
20 de enero del 2016
DECIO MACHADO
“En medio del pánico y caotizado el centro de la ciudad por las bombas lacrimógenas, la gente que estaba en la movilización se dividió en pequeños grupos, los cuales fueron perseguidos por la policía y los militares, quienes detuvieron a gente en diferentes puntos de la ciudad”. Así narraba Andrés Tapia, uno de los ciudadanos asistentes a la manifestación, como finalizó la movilización del pasado 13 de agosto en el Puyo.

Dicha movilización se realizó en el marco de las protestas nacionales que impulsaron la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el Frente Unitario de Trabajadores en agosto del 2015. Dichas protestas tuvieron su inicio en una marcha que partió el día 2 de agosto desde Tundayme –provincia de Zamora Chinchipe- y que culminó el 13 de agosto en Quito, aunque las acciones de protesta se prolongaron en diversos puntos del país hasta el 26 de ese mismo mes. Según un informe del Colectivo de Investigaciones y Acción Sicosocial Ecuador, hubo 229 “agresiones, detenciones, intentos de detención, y allanamientos en todos los territorios donde se realizaron movilizaciones y protestas”, en especial en las provincias de la Amazonía y Sierra sur del país. Según este análisis aproximadamente dos de cada tres personas víctimas de violencia estatal fueron detenidas, lo que da cuenta de una estrategia de control sobre la protesta.

Es con esta herramienta, la de terrorismo organizado, la cual el Estado procederá a aplicar sentencias a los procesados de la movilización social más importante que ha habido hasta ahora en el Ecuador tras la aprobación del COIP.

miércoles, 13 de enero de 2016

ORGANIZACIONES SOCIALES DEMANDARÁN ANTE LA UE


Mientras el gobierno pide a la Asamblea el apoyo para la 

legitimación del Acuerdo, "TLC", las organizaciones sociales 

se preparan para demandar ante la Comisión Europea, la 

Corte Constitucional y la Asamblea Nacional, la suspensión 

inmediata del   trámite para su entrada en vigor,  por 

considerar a éste acuerdo  beneficioso solo para los 

grandes  sectores económicos del país y a las  

transnacionales europeas.





DIARIO EL COMERCIO Ecuador pide apoyo a la Asamblea 

legitimar acuerdo comercial con la UE 

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:http://www.elcomercio.com/actualidad/acuerdocomercia-comercio-unioneuropea-negocios-economia.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com













jueves, 7 de enero de 2016

RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO DE UNIDAD

TENER EN CUENTA

ESTADOS DE LA MENTE



1) ESTADO PÁNICO O AGRESIVO
Este es el Primer Estado de Evolución, el más básico.
En este estado la Mente Desea conseguir algo, pero no sabe como conseguirlo, de ese desconocimiento surge el MIEDO de no poder alcanzarlo, entonces el cuerpo aumenta su Predominio Simpático y se comienza a producir ADRENALINA, las capacidades cerebrales disminuyen y se reacciona de forma Agresiva, llorando de forma Fuerte, Pataleando, Golpeando, moviéndose Agresivamente, Insultando y Criticando.

Una vez Satisfecho su Deseo, su Objetivo, el bebé recupera la Calma y retorna a un estado Natural de Felicidad (o visión de los Deseos Satisfechos)
De igual manera le ocurre a un adulto que se siente inseguro en una situación, reacciona de forma Agresiva, con Gritos, Insultos y Puñetazos. Es su forma "Básica" de reaccionar, para llamar la atención, intentando solucionar el tema de esta forma tan ineficaz.

La Crítica es siempre una muestra de Estado Agresivo. La persona que CRITICA lo hace porque en su interior DESEA que una persona cambie de forma de actuar, pero como desconoce como conseguir eso, comienza a sentir MIEDO en su interior ¿Qué ocurre entonces? Que se lanza el ataque AGRESIVO. Pero un ataque no Físico, sino Verbal, traducido a CRITICA.

Naturalmente las personas que viven en este Estado de Evolución, son las que son más Infelices y Desgraciadas de todas. Pues la Estrategia Mental de "Pánico" da pésimos resultados para un Adulto, sólo debería ser utilizada por un Bebé que quiere llamar la atención de su Madre.


Gurú Febles. 

miércoles, 6 de enero de 2016

ALERTA, LIBRE COMERCIO ABRE LA PUERTA A PRIVATIZACIÓN


 Lo mismo advertimos en Ecuador, el riesgo e impacto en la salud con la firma del TLC con la UE, es irónico, Europa se defiende del TLC con EEUU y promueve exactamente lo mismo con América Latina
Los médicos alertan de que el tratado de libre comercio entre UE y EE.UU abre la puerta a la privatización de la sanidad
07/09/2015 - EUROPA PRESS, MADRID
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha criticado el tratado de libre comercio que están negociando "de forma opaca" la Unión Europea y Estados Unidos ya que puede abrir la puerta a una "progresiva privatización" de la sanidad y "poner en riesgo la salud de los ciudadanos".
"Es una colonización económica por la vía de atrás", ha denunciado en una entrevista a Europa Press el máximo representante de los médicos, que teme que el acuerdo no se haga solo para "cambiar lechugas y tomates o traer aparatos electrónicos" y acabe afectando a los sistemas sanitarios, sobre todo teniendo en cuenta que el mundo de la salud es "uno de los grandes paquetes de la economía mundial".
La OMC ha organizado para el próximo 18 de septiembre una jornada en Madrid para analizar los 30 años de España en la Unión Europea y ver los retos de futuro para los sistemas sanitarios y la profesión médica, entre los que destaca este tratado cuyos contenidos todavía se desconocen.
Rodríguez Sendín advierte de que el acuerdo puede servir para "liberalizar" la atención sanitaria en Europa y asemejarla al modelo de Estados Unidos donde, pese a los esfuerzos del Gobierno de Barack Obama, sigue habiendo 40 millones de personas sin asistencia "y muchos más sin una atención suficiente que, en Europa, está garantizada".
"Es lo contrario a la democracia, se hace de forma oculta y van a venir a Europa a poner unas reglas del juego que van a condicionar y supeditar a los gobiernos. Los temas sanitarios deben estar fuera de un tratado de libre comercio", ha exigido.
EL PODER ECONÓMICO DE ASEGURADORAS Y LA INDUSTRIA
Rodríguez Sendín considera que el poder económico y los intereses de las aseguradoras y las compañías farmacéuticas conforman unos "lobbys tan poderosos" que "pueden acabar gobernándote desde el punto de vista político y económico".
Por ello, esta liberalización traería, según el presidente de la OMC, un "encarecimiento extraordinario" de los costes de la atención sanitaria y de los medicamentos, citando el reciente problema con el precio de los nuevos tratamientos para la hepatitis C, lo que "excluiría a aquellos que no tengan posibilidades de acceder a ellos o tengan un seguro para cubrirlos".
"Con los medicamentos se ha demostrado que liberalizarlos y someterlos sólo a leyes de mercado supone poner unos precios tan disparatados que sólo permite pagarlos a algunos", ha denunciado.
Y en términos de salud pública, también podría "acabar con los avances sustanciales que se han conseguido en la regulación de productos tan peligrosos como el alcohol o el tabaco".
En este último caso, según ha recordado Rodríguez Sendín, Estados Unidos tiene depositados "muchos intereses" y las tabaqueras "un poder extraordinario", por lo que incluso no descarta que pudiera revertirse la actual Ley antitabaco que limita el consumo en lugares públicos.
LIMITARÁ LA SOBERANÍA DE ESPAÑA
"Estoy seguro de que en algunos temas van a ir incluso más allá. Y al ser oculto puede afectar a todo", ha criticado el presidente de los médicos, que critica que se esté negociando "sin ninguna transparencia" un acuerdo que "puede limitar la soberanía de los Estados miembros a la hora de responder a los compromisos sociales que tienen con sus ciudadanos".
Además, otro de los aspectos del tratado que critica es la creación de un tribunal no formado por jueces profesionales sino por expertos "puestos por la iniciativa privada" que vele por el cumplimiento del tratado y fije "multas o sanciones severas" a quienes no lo hagan.
El presidente de la OMC pide al Gobierno y los partidos de la oposición que "exijan información" sobre las negociaciones del tratado y no den el visto bueno a ningún acuerdo sin conocer antes su contenido.
"Hay que exigir que den la cara, no entiendo que haya cierta tranquilidad cuando estamos condicionando y perdiendo nuestra capacidad de autogobierno para entregarnos a un acuerdo que no sabemos cómo es", ha espetado.