COMUNICADO
DE LAS MUJERES ECUATORIANAS
EN
RESISTENCIA AL EXTRACTIVISMO
Nos dirigimos
a ustedes como mujeres indígenas, campesinas y defensoras de los derechos
humanos y de la naturaleza que ponemos nuestra vida en promover iniciativas
locales que son invisibilizadas por nuestros gobiernos y son amenazadas por
Tratados de Libre Comercio, Tratados de Protección de Inversiones y otras
formas en que se expresa el despojo corporativo.
Venimos de
procesos de reflexión y prácticas efectivas para alimentar, cuidar y sanar a la
humanidad de los impactos climáticos y bélicos.
Sin embargo,
en nuestro país se expande y profundiza el extractivismo minero y petrolero, el
agronegocio, la construcción de megaobras de infraestructura y una frenética
urbanización, que avanzan sobre los territorios de pueblos y comunidades donde
se reproduce la vida y donde persisten tejidos sociales basados en la
comunidad.
La aplicación
de un Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Ecuador sólo
agravará esta situación, pues su fin primordial es beneficiar preferencialmente
a sectores exportadores de banano, flores, camarón, pesca, y otros, que son
actividades con una directa responsabilidad en la destrucción de bosques y
manglares, de áreas con vocación agrícola, de pesquerías, y donde se dieron
graves impactos sobre comunidades campesinas, pueblos indígenas y de
pescadores, que han sufrido despojo de sus tierras y territorios, pasaron a
sufrir explotación laboral, o son víctimas de la contaminación de suelos y
fuentes de agua.
Rechazamos que
el Ecuador adhiera al Tratado de Libre Comercio que negociaron Colombia y Perú
con la UE, porque no es un acuerdo legítimo. Su negociación sólo pudo llevarse
a cabo en base a engañar a toda la población ecuatoriana mediante una agresiva
campaña mediática que logró ocultar el carácter y contenido neoliberales del
tratado.
El acuerdo que
se pretende aprobar no es democrático, pues fue negociado en secreto. Ha provocado que desde ya se tomen decisiones
normativas y reglamentarias que tienen la intención de allanar el camino para
la aplicación de este TLC. Ejemplos son las desproporcionadas regulaciones de
distinto tipo que se imponen sobre la producción campesina, principalmente la
relacionada con los lácteos, que han puesto a miles de emprendimientos
familiares en situación de franca inviabilidad. El sector de los lácteos
involucra a unas 900 mil personas, incluyendo muchas mujeres que serán directa
y gravemente afectadas.
Por otro lado,
se han aprobado o están por aprobarse normas que buscan facilitar
significativamente a los grandes inversionistas internacionales, incluso en
ámbitos muy sensibles. El reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos,
Usos y Aprovechamiento del Agua, abre la posibilidad de la participación
privada en la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento.
Estos y otros
aspectos son contradictorios con la Constitución ecuatoriana aprobada en 2008
después de un proceso constituyente. En ella se establece como nuevo paradigma
la posibilidad de alcanzar el SumakKawsay (o Vida en Plenitud) a partir
de la progresividad de los derechos humanos, de reconocer a la naturaleza como
sujeto de derechos, al agua como derecho humano fundamental, de garantizar la
soberanía alimentaria a toda la población, entre otros aspectos.
Más aún, la
Constitución señala explícitamente que “No se podrá celebrar tratados o
instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción
soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias
contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o
jurídicas privadas” (Art. 422). Un
artículo fundamental para la defensa de la soberanía nacional considerando que
actualmente el Ecuador enfrenta once procesos arbitrales, de los cuales sólo el
que tiene relación con la petrolera Occidental (Oxy) supone un pago a esta
empresa transnacional de más de mil millones dólares. Otro caso, el de
Petrobras, significaría la imposición de que se pague a esta empresa 830 millones
de dólares.
En este
contexto, se flexibilizan los controles ambientales, laborales y otros; se
otorgan incentivos que incluyen la neutralización de la protesta social -como
ocurre contra quienes se oponen a la explotación minera, petrolera,
agroindustrial- haciendo uso de la fuerza pública mientras se desatan campañas
de intimidación, hostigamiento, persecución judicial a líderes y dirigentes
sociales. A esto se suma el bloqueo institucional a la realización de una
consulta popular que para proteger el patrimonio biogenético y la vida de los
pueblos Tagaeri y Taromenane, impida la explotación petrolera en el Yasuní-ITT,
en la Amazonía, una de las zonas de mayor biodiversidad en el planeta.
Mediante la
destrucción de pueblos, el arresto ilegal de dirigentes, la militarización y la
intimidación, se trata de despejar los territorios donde se encuentran en
ejecución proyectos extractivos de gran escala. Tres dirigentes del pueblo
aborigen Shuar opuestos a la megaminería chino-canadiense en la Amazonía sur
han sido asesinados sin que hasta la fecha se esclarezcan estos hechos que por
lo mismo se mantienen en la impunidad.
El paro
nacional de agosto 2015, fue respondido con agresiones físicas, represión y
detenciones sin “debido proceso” pocas veces vistas en el Ecuador. Hubo una
represión focalizada especialmente contra mujeres, utilizando métodos racistas
y machistas.
Otro hecho
preocupante tiene que ver con la situación de intimidación y amenazas de muerte
por la que atraviesa Paulina Muñoz, representante de la coalición que luchó
contra el TLC con EEUU y en este tiempo denuncia los previsibles impactos del
TLC con la Unión Europea.
Rechazamos el
TLC con la UE porque impone normas de propiedad intelectual como el uso de
racimos de patentes que son estrategias ADPIC Plus, que ponen en riesgo el
acceso a medicamentos sobre todo para enfermedades crónicas como el cáncer y la
diabetes.
Es inadmisible
que se pretenda imponer el convenio UPOV 91 por el cual se prohibirían
prácticas agroecológicas realizadas principalmente por mujeres, como es el
guardar y compartir semillas, algo que podría ser penado con prisión.
Los impactos
que ya han sido denunciados por movimientos sociales de Colombia y Perú, y que
han provocado paros agrarios, confirman que estos instrumentos de libre comercio
no benefician a los pueblos sino que los ponen bajo una amenaza letal.
Les pedimos
que consecuentes con su compromiso de apoyar a la construcción de otro mundo
posible, junto a nosotras rechacen este Tratado de Libre Comercio y sentemos
bases para un diálogo que apueste por nuevas formas de pensar la economía, la
sociedad, la integración entre los pueblos, desde abajo y junto con la tierra.
26 de Noviembre, 2015
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