jueves, 26 de noviembre de 2015

COMUNICADO A EURODIPUTADOS NO AL TLC


COMUNICADO DE LAS MUJERES ECUATORIANAS
EN RESISTENCIA AL EXTRACTIVISMO

Nos dirigimos a ustedes como mujeres indígenas, campesinas y defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza que ponemos nuestra vida en promover iniciativas locales que son invisibilizadas por nuestros gobiernos y son amenazadas por Tratados de Libre Comercio, Tratados de Protección de Inversiones y otras formas en que se expresa el despojo corporativo.
Venimos de procesos de reflexión y prácticas efectivas para alimentar, cuidar y sanar a la humanidad de los impactos climáticos y bélicos.
Sin embargo, en nuestro país se expande y profundiza el extractivismo minero y petrolero, el agronegocio, la construcción de megaobras de infraestructura y una frenética urbanización, que avanzan sobre los territorios de pueblos y comunidades donde se reproduce la vida y donde persisten tejidos sociales basados en la comunidad.
La aplicación de un Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Ecuador sólo agravará esta situación, pues su fin primordial es beneficiar preferencialmente a sectores exportadores de banano, flores, camarón, pesca, y otros, que son actividades con una directa responsabilidad en la destrucción de bosques y manglares, de áreas con vocación agrícola, de pesquerías, y donde se dieron graves impactos sobre comunidades campesinas, pueblos indígenas y de pescadores, que han sufrido despojo de sus tierras y territorios, pasaron a sufrir explotación laboral, o son víctimas de la contaminación de suelos y fuentes de agua.
Rechazamos que el Ecuador adhiera al Tratado de Libre Comercio que negociaron Colombia y Perú con la UE, porque no es un acuerdo legítimo. Su negociación sólo pudo llevarse a cabo en base a engañar a toda la población ecuatoriana mediante una agresiva campaña mediática que logró ocultar el carácter y contenido neoliberales del tratado.
El acuerdo que se pretende aprobar no es democrático, pues fue negociado en secreto. Ha  provocado que desde ya se tomen decisiones normativas y reglamentarias que tienen la intención de allanar el camino para la aplicación de este TLC. Ejemplos son las desproporcionadas regulaciones de distinto tipo que se imponen sobre la producción campesina, principalmente la relacionada con los lácteos, que han puesto a miles de emprendimientos familiares en situación de franca inviabilidad. El sector de los lácteos involucra a unas 900 mil personas, incluyendo muchas mujeres que serán directa y gravemente afectadas.
Por otro lado, se han aprobado o están por aprobarse normas que buscan facilitar significativamente a los grandes inversionistas internacionales, incluso en ámbitos muy sensibles. El reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, abre la posibilidad de la participación privada en la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento.
Estos y otros aspectos son contradictorios con la Constitución ecuatoriana aprobada en 2008 después de un proceso constituyente. En ella se establece como nuevo paradigma la posibilidad de alcanzar el SumakKawsay (o Vida en Plenitud) a partir de la progresividad de los derechos humanos, de reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, al agua como derecho humano fundamental, de garantizar la soberanía alimentaria a toda la población, entre otros aspectos.
Más aún, la Constitución señala explícitamente que “No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas” (Art. 422).  Un artículo fundamental para la defensa de la soberanía nacional considerando que actualmente el Ecuador enfrenta once procesos arbitrales, de los cuales sólo el que tiene relación con la petrolera Occidental (Oxy) supone un pago a esta empresa transnacional de más de mil millones dólares. Otro caso, el de Petrobras, significaría la imposición de que se pague a esta empresa 830 millones de dólares.
En este contexto, se flexibilizan los controles ambientales, laborales y otros; se otorgan incentivos que incluyen la neutralización de la protesta social -como ocurre contra quienes se oponen a la explotación minera, petrolera, agroindustrial- haciendo uso de la fuerza pública mientras se desatan campañas de intimidación, hostigamiento, persecución judicial a líderes y dirigentes sociales. A esto se suma el bloqueo institucional a la realización de una consulta popular que para proteger el patrimonio biogenético y la vida de los pueblos Tagaeri y Taromenane, impida la explotación petrolera en el Yasuní-ITT, en la Amazonía, una de las zonas de mayor biodiversidad en el planeta.
Mediante la destrucción de pueblos, el arresto ilegal de dirigentes, la militarización y la intimidación, se trata de despejar los territorios donde se encuentran en ejecución proyectos extractivos de gran escala. Tres dirigentes del pueblo aborigen Shuar opuestos a la megaminería chino-canadiense en la Amazonía sur han sido asesinados sin que hasta la fecha se esclarezcan estos hechos que por lo mismo se mantienen en la impunidad.
El paro nacional de agosto 2015, fue respondido con agresiones físicas, represión y detenciones sin “debido proceso” pocas veces vistas en el Ecuador. Hubo una represión focalizada especialmente contra mujeres, utilizando métodos racistas y machistas.
Otro hecho preocupante tiene que ver con la situación de intimidación y amenazas de muerte por la que atraviesa Paulina Muñoz, representante de la coalición que luchó contra el TLC con EEUU y en este tiempo denuncia los previsibles impactos del TLC con la Unión Europea.
Rechazamos el TLC con la UE porque impone normas de propiedad intelectual como el uso de racimos de patentes que son estrategias ADPIC Plus, que ponen en riesgo el acceso a medicamentos sobre todo para enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes.
Es inadmisible que se pretenda imponer el convenio UPOV 91 por el cual se prohibirían prácticas agroecológicas realizadas principalmente por mujeres, como es el guardar y compartir semillas, algo que podría ser penado con prisión. 
Los impactos que ya han sido denunciados por movimientos sociales de Colombia y Perú, y que han provocado paros agrarios, confirman que estos instrumentos de libre comercio no benefician a los pueblos sino que los ponen bajo una amenaza letal.
Les pedimos que consecuentes con su compromiso de apoyar a la construcción de otro mundo posible, junto a nosotras rechacen este Tratado de Libre Comercio y sentemos bases para un diálogo que apueste por nuevas formas de pensar la economía, la sociedad, la integración entre los pueblos, desde abajo y junto con la tierra.
26 de Noviembre, 2015


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