Por la Red por la Justicia Social en la Inversión Glogal
En
las últimas semanas una noticia ha tenido muy preocupada a las
autoridades ecuatorianas y a la sociedad civil en general. La noticia es
que el estado ecuatoriano ha sido condenado a pagar 1,700 millones de
dólares más intereses a la compañía estadounidense Occidental Petroleum
Corporation (Oxy) por haber cancelado su contrato de operaciones en
2006. El argumento de las autoridades en ese entonces fue que la
compañía había transferido de manera ilegal una parte de sus derechos a
una empresa canadiense. Inmediatamente Oxy demandó al país bajo el TBI
Ecuador-EE.UU. en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a las Inversiones-CIADI, cuyo fallo a principios de Octubre de
este año fue a favor de la empresa. Ante este hecho gobierno del
Ecuador apeló la decisión de este tribunal, una acción legal cuya
resolución podría demorar muchos meses y que con seguridad le constará
al estado ecuatoriano muchos miles de dólares en intereses y honorarios
de abogados defensores.En ese sentido, la RJSIG contactó a la organización Ecuador Decide para conocer su perspectiva acerca de este caso. Ecuador Decide es una red integrada por una diversidad de organizaciones sociales que se formó el 2004 para detener la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y los Estados Unidos. Actualmente, entre otras actividades, hace seguimiento a las actuales negociaciones del Acuerdo de Asociación de Ecuador con la Unión Europea, que a criterio de la red, es un Tratado de Libre Comercio encubierto.
La entrevista fue concedida por Pablo José Iturralde Ruiz, que es parte del colectivo de Ecuador Decide e investigador del Centro de Derechos Económicos y Sociales- CDES. El objetivo de la conversación fue explorar los antecedentes del caso, las reacciones de las organizaciones sociales ante este fallo, las posibles articulaciones y acciones, los costos sociales que significarían pagar este monto de dinero, y por último, revisar la política de inversiones del gobierno en las actuales negociaciones de acuerdos comerciales y de inversión en las que está involucrado.
Red por la Justicia en las Inversiones Sociales (RJSIG): Pablo, ¿Podrías por favor comentarnos acerca de los antecedentes del caso Oxy vs Ecuador, y el rol de las organizaciones sociales en este conflicto?
Ecuador Decide (ED): El 2005, las organizaciones y los movimientos sociales se organizaron alrededor de lo que se llamaba la Asamblea Biprovincial. Esta Asamblea supo movilizar a las organizaciones y llevaron a las provincias de Orellana y Sucumbíos, provincias amazónicas y petroleras, a un levantamiento que fue fuertemente reprimido, y que puso en el debate nacional el problema con la compañía Occidental.
El argumento legal de las organizaciones era que se había realizado un traspaso de derechos ilegal (de Oxy a otra compañía), sin consultar a la autoridad pública del Ecuador. Ese era el argumento legal, pero había exigencias de las organizaciones sociales respecto del incumplimiento de la empresa de normas ambientales y de impactos sociales negativos. Además que se exigía que parte de la renta que estaba generando la empresa Oxy, sea redistribuida para que beneficie a las provincias de Sucumbíos, Orellana, y también Napo, que son provincias amazónicas influenciadas por la actividad petrolera y que constituyen la región más pobre del país.
De esa manera, el movimiento indígena y el movimiento campesino, que en ese tiempo llevaban la vanguardia de las reivindicaciones sociales nacionales, incorporaron dentro de sus reivindicaciones la caducidad (de operaciones) de la Oxy. Recogiendo esa reivindicación y las otras reivindicaciones del movimiento indígena, como el rechazo a cualquier Tratado de Libre Comercio, el entonces candidato presidencial Rafael Correa hizo sus propuestas de campaña y llegó a la presidencia.
La declaración de caducidad del contrato de Oxy y el traspaso de su producción a la empresa pública Petroamazonas el 2006 es un hito que marcó un giro importante en la política petrolera del país. A partir de ahí la participación del estado en los recursos hidrocarburíferos ha ido creciendo, el estado ha participado más.
Entrevista completa.......
