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| Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente |
Gobierno de Rafael
Correa quiere desarmar lo revolucionario de la Constitución de
Montecristi
Una versión
resumida fue públicada en Diario El Universo, el 9.11.14
1-¿Cómo considera
la actuación de la Corte Constitucional al determinar los cambios a
la Constitución vía enmienda y no por reforma, que requiere
consulta?
Lo que hizo la Corte
Constitucional era la crónica de una resolución repetida. Similar
accionar demostraron en el 2011, cuando Correa planteó un cambio
constitucional para “meterle la mano a la justicia” o en el 2013,
cuando se negó a calificar la pregunta sobre el Yasuní y
rápidamente le pasó la pelotita al CNE, lavándose las manos. Hoy,
la Corte Constitucional, una vez más, incumplió su deber de ser
garante de la supremacía constitucional.
2- Los argumentos de
la Corte es que las modificaciones no implican cambios en la
estructura del estado, Ud. que presidió la Constituyente que elaboró
esa Constitución, ¿qué opina al respecto?
El cambio
constitucional que propone la reelección indefinida o la pérdida de
derechos en el caso de la iniciativa ciudadana para convocar a una
consulta popular sobre cualquier tema de interés nacional, para
citar apenas dos puntos, afectaría tanto derechos, como garantías
-el límite temporal como garantía normativa en el caso de la
reelección indefinida- y la estructura del Estado. En consecuencia,
no son enmiendas y la Asamblea Nacional no tiene competencia para
procesarlas.
Cuando se elaboró
la Constitución no se estaba pensando en restringir derechos sino
todo lo contrario. Por eso la misma Constitución, en su artículo
84, establece que “en ningún caso, la reforma de la Constitución,
las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público
atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.”
3- El espíritu de
limitar la reelección por una sola vez -ha dicho Ud- era terminar
con los caudillos permanentes, sin embargo, la transitoria que se
dejó permitió a quienes llevaban años en el poder optar por un
nuevo periodo, y ahora, si se aprueba la enmienda, seguir
candidatizándose. ¿No fue un exceso de confianza haber dejado esa
transitoria?
Con la Constitución
de Montecristi se aspiraba iniciar un período distinto en la
política del país, donde se practique una democracia radical, pero
ahora es obvio que algunos sectores de Alianza País tenían otra
visión y terminaron aprovechándose y tergiversando el sentido
democrático de prohibir la reelección indefinida. Recordemos que
este tema fue analizado y discutido, en profundidad, dentro y fuera
de la Asamblea. Correa mismo se llenaba la boca defendiendo la
Constitución y, hasta hace poco, la no reelección indefinida.
No hay que olvidar
que la alternancia como parte constitutiva de la democracia, fue un
eje transversal en la Carta Magna, la encontramos no solo en relación
al cargo presidencial sino en todos los niveles y organizaciones
colectivas. La Asamblea, con el aval de la Corte Constitucional, está
usurpando la voluntad del constituyente, el pueblo, y ayudando a
acomodar la Constitución a las urgencias políticas del gobierno y
eso es peligroso para el país.
4- ¿Qué camino le
queda a la ciudadanía para solicitar una consulta popular luego del
fallo de la Corte Constitucional?
El primer camino es
que la sociedad retome su capacidad organizativa y desde allí, las
posibilidades de la democracia son múltiples. Una va por la senda de
la presión social y la movilización, que ya está convocada para
este 19 de noviembre. Otra por la recolección de firmas para
convocar a una consulta popular que no solo debería impedir la
reelección indefinida, sino la reducción de derechos; tarea que
debería ser liderada por personas que han declinado públicamente
sus aspiraciones electorales inmediatas. Y por cierto la organización
popular debe frenar la restauración conservadora del correísmo.
Recordemos que la
Constitución es clara al reconocer el derecho de las personas a
participar de manera protagónica en la toma de decisiones (art. 95)
y el derecho a la resistencia frente a las acciones del poder público
(art. 98).
5- El gobierno
anuncia diez reformas más en temas como la plusvalía y los
conocimientos ancestrales indígenas, ¿qué pueden implicar estos
cambios considerando los principios con los que fueron establecidos
en la Constitución?
El Gobierno está
empeñado en reajustar y desarmar los elementos revolucionarios de la
Constitución para ponerlos a tono con las exigencias de su
restauración conservadora. Permitir que los conocimientos
ancestrales sean patentados es ampliar la mercantilización de la
vida, una demanda, por lo demás, derivada del TLC con la UE. La
propuesta de grabar la plusvalía o forzar a que los banqueros paguen
más impuestos, puede tener una salida más inteligente, sin cambiar
la Constitución.
6- ¿Qué garantías
quedan para una Constitución que -se dijo- debía durar 300 años,
cuando al día siguiente de aprobada el propio Tribunal
Constitucional se autoproclamó Corte y viabilizó la consulta para
la primera reforma en la integración de la Corte de Justicia, y
ahora da paso a enmiendas, un proceso que no la requiere?
En manos de este
Gobierno ninguna, la única garantía es el pueblo ecuatoriano. Es
deseable que la sociedad se exprese masivamente en defensa de la
Constitución que aprobó en las urnas y, por cierto, de la
democracia.
7- Uno de los
argumentos de los entonces miembros del Tribunal Constitucional para
autoproclamarse Corte Constitucional en transición fue que la
Constitución del 2008 supuestamente omitió explicar qué pasaría
con sus miembros y que el país no podía quedarse sin el órgano
máximo de interpretación de la Constitución hasta que se diera la
integración como establecida el art. 25 del Régimen de Transición.
¿Hubo ese vacío en la Constitución o se trató de una
interpretación a conveniencia que derivó en arrogación de
funciones?
Esa interpretación
antojadiza del Tribunal Constitucional, para metamorfosearse en Corte
Constitucional, no tiene asidero alguno en la Constitución del 2008.
Fue la primera violación a la naciente Constitución, por parte de
quienes debían haber dado muestras de que son los primeros en
respetarla.
8- ¿Por qué
considera que el gobierno no consulta estos cambios cuando antes se
consultó las corridas de toro y los gallos?
Con una palabra de
cinco letras se puede explicar eso: MIEDO. El correísmo se asustó
el 23-F con el remezón electoral sufrido. Por esa razón, a renglón
seguido frenó la consulta de los Yasunidos vía fraude. Y ahora no
quiere que el pueblo se exprese en las urnas para decidir sobre los
cambios constitucionales. Pero el velo ya se corrió, estoy
convencido que ahora el panorama es otro.
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