"No es una tarea meramente local, implica
a las fuerzas revolucionarias del Continente, en un momento de viraje de
período estratégico."
MOMENTO ESTRATÉGICO
Napoleón Saltos Galarza
Quito, septiembre de 2015
El panorama para Ecuador es preocupante.
Se condensan varios procesos que obligan a una definición estratégica. Es el
momento de centrar la mirada en la Gran Política.
“Gran política (alta política), pequeña
política (política del día, política parlamentaria, de corredores, de intriga).
La gran política comprende las cuestiones vinculadas con la función de nuevos
Estados, con la lucha por la destrucción, la defensa, la conservación de
determinadas estructuras orgánicas económico-sociales. La pequeña política
comprende las cuestiones parciales y cotidianas que se plantean en el interior
de una estructura ya establecida, debido a las luchas de preeminencia entre las
diversas fracciones de una misma clase política. Gran política es, por lo
tanto, la tentativa de excluir la gran política del ámbito interno de la vida
estatal y de reducir todo a política pequeña (…). Es propio de diletantes
[aficionados], en cambio, plantear la cuestión de una manera tal que cada
elemento de pequeña política deba necesariamente convertirse en problema de
gran política, de reorganización radical del Estado.” (Gramsci, 1999, pág. 20)
La crisis económica
En primer lugar está el riesgo de que la
crisis de escasez fiscal se convierta en una crisis económica profunda. Después
de un período de abundancia entramos en un período de escasez.
El Presupuesto General del Estado de
2015 se definió con 8.817 millones de déficit y un precio de 79,7 dólares por
barril de crudo. Con ello, el déficit apuntaba a llegar a 12 mil millones de
dólares (33% del presupuesto). Después de diversas medidas, reducciones
presupuestarias, créditos, preventas de petróleo a Tailandia, salvaguardias,
tendería a un déficit real de 8 mil millones de dólares al final del año. Y la
perspectiva para el 2016 no tiene signos de modificación.
Entre 2007-2014, el Gobierno de Alianza
País recibió 219.345 millones de dólares y el gasto fue de 231.443 millones,
con un déficit acumulado de 12.098 millones de dólares. El problema empieza en
el tipo de gasto: los gastos corrientes ascienden a 156.903 millones de dólares
(68%) y los gastos de inversión a 74.540 millones (32%). Del total de gastos
corrientes, 55.262 millones (35%) se dedica a remuneraciones del sector
público, con un crecimiento desmesurado de la burocracia que pasó de 350 mil en
2007 a más de 600 mil en 2014; 35 mil millones (22%) dedicados a subsidios, de
los cuales 30 mil millones fueron a los estratos más altos y apenas 5 mil
millones llegan abajo a través de bono de desarrollo humano; 23 mil millones
(15%) dedicado a publicidad; 23.456 millones (15%) para compra de bines y
servicios. (Valencia, 2015)
El período de abundancia permite la
constitución de un acuerdo arriba (hegemonía 1), en torno a un patrón de
acumulación monopólico rentista-financiero-importador. La concentración
monopólica en el período de Alianza País se agudiza: el Coeficiente de Gini en
las 12 áreas principales económicas pasa de 0,902 en el 2005 a 0,964 en 2010
(Larrea, 2015); en el 2007, 50 grupos económicos controlaban el 33% del PIB, en
el 2010, sube el número de grupos económicos a 75 y controlan el 43,8%.
”(Revista Vanguardia, 2012)
Con los gobiernos “progresistas”, hay un
retorno del Estado. El gasto estatal crece, incluido el gasto social.
Pero el Estado actúa más bien como
subsidiario para orientar la acumulación hacia el sector privado. A título de
ejemplo: en referencia a la contratación pública, entre 2008-2012, por medio
del INCOP, el 9,53% de los proveedores se han adjudicado el 80% de los
procesos, y el 0,02% de proveedores concentran el 21,50% del monto total de
contratación pública. La monopolización es transnacionalización: las compras
públicas tendrían un promedio apenas de 1 dólar sobre 3 en composición
nacional. Los 2/3 pasan a favor de las empresas transnacionales. (Mera, 2015)
Un mecanismo central es el tipo de
contratos, como asignaciones directas. Esto ha llevado a sobreprecios de las
obras “estratégicas”: “la planta de gas de Monteverde, el costo original
establecido en 2007 fue de USD 263 millones, pero al 2014 se disparó a USD 570
millones; la central hidroeléctrica Manduriacu, el costo subió de USD 124
millones en 2011 a USD 227 millones en 2015; la rehabilitación de la refinería
de Esmeraldas experimentó una modificación radical de su presupuesto, de USD
187 millones en 2008, se disparó a USD 1200 millones en 2015 y subirá a USD
1500 millones en 2016; el proyecto Coca Codo Sinclair originalmente suscrito en
USD 1979 millones, se incrementó a USD 2.845 millones en 2015 y podría subir
aún más.” (Valencia, 2015)
En el sector de la salud los “cambios
institucionales no afectaron los procesos de mercantilización de la salud, más
bien los consolidaron. En el periodo 2006-2010, la mercantilización de la
salud, desde la oferta hospitalaria, hasta la provisión de medicamentos y los planes
de aseguramiento, tuvieron una expansión controlada desde grupos económicos,
que utilizaron sus posiciones de monopolio para fortalecerse económicamente.
Estos grupos financieros y económicos de la salud, están vinculados a la
transnacionalización de la economía y han sabido aprovechar la coyuntura de la
expansión del gasto público en salud para atraer hacia su órbita de intereses
esa expansión del gasto público en el área de la salud.” El 86% del sector está
bajo control privado.(Dávalos, 2012)
Si bien retorna el Estado y sube la
participación en el PIB, el poder de los grupos monopólicos locales y
trasnacionales se consolida. El poder económico reside en torno al 50% del PIB
en los Grupos económicos.
La modernización de la economía en el
período de Alianza País toma la forma de un bonapartismo-autoritario que marca
una mayor autonomía entre la base económica y el Estado, en modo que el capital
encuentra un espacio de reproducción metabólica sin necesidad de una
representación directa en los organismos del Estado.
La relación entre los grupos económicos
y el régimen es más compleja, con momentos de representación del conjunto del
interés del capital, local y transnacional, y momentos más reducidos de
acuerdos puntuales sectoriales. Por ello no es suficiente el discurso del
“servicio” a los intereses burgueses e imperialistas o la imagen de una
continuidad del “neoliberalismo”, hay procesos diferentes de relación entre el
poder y la economía, entre el Estado y el bloque en el poder.
Comparación de los ingresos de los
Grupos Económicos y el PGE, 2010-2014
Año Número GE PIB Ingresos GE % PIB PGE
(Codificado) % PIB
2010 63 69.555.367 32.511.404 51.05 22.831.780 32.83
2011 65 79.276.664 36.707.305 52.77 25.838.240 32.59
2012 100 87.924.544 40.051.606 45.55 29.692.170 33.77
2013 110 94.776.170 45.350.125 47.85 26.109.270 27.55
2014 118 100.917.372 48.446.579 48.01 36.329.940 38.33
Fuente: SRI, varias fechas; Boletines Banco Central del Ecuador, varias fechas
El período de abundancia permite también
una política de redistribución hacia abajo, con una reducción de la pobreza y
el desempleo, aunque se mantienen los problemas de desigualdad. La pobreza bajó
de 37,6% en el 2006 a 24,12% en el 2015. Pero la población en situación
vulnerable pasó de 33,1% a 43% entre 2000 y 2012, con un crecimiento no
sustentable de la clase media de 14 a 26%.
Con la escasez hay una regresión que
empieza por afectar a los sectores medios, que son los que se movilizan en la
actual coyuntura. Progresivamente el impacto empieza a llegar hacia abajo.
El cerco de las condiciones externas y
del modelo de Alianza País conduce al gobierno a diversos callejones sin
salida: el endeudamiento público agresivo, más allá de los manejos contables
del régimen, se aproxima al 40% del PIB, privatizaciones veladas del patrimonio
público, políticas monetaristas que buscan compensar la jaula de hierro de la
dolarización. La perspectiva se diferencia de la crisis del 98: escasez
fiscal-crisis económica-crisis financiera.
El desenlace de toda crisis económica es
político: el régimen intenta que la crisis económica no le estalle en las manos
en un periodo electoral, pero el costo será alto y apunta a horizontes
catastróficos en el período posterior.
El ciclo de los gobiernos “progresistas”
Éste no es un problema aislado del
Ecuador. Estamos ante la frontera del ciclo de los “gobiernos progresistas” en
el Continente. Los problemas más agudos se presentan en Brasil: combinación de
crisis económica con crisis política y ética que afecta a la credibilidad de la
Presidenta Dilma Ruseff, con efectos colaterales al PT y a Lula. El panorama es
crítico para Venezuela, Argentina y Bolivia. Mientras tanto hay una
recomposición de un eje alineado en torno a la “Alianza del Pacífico”. El papel
modernizador de los regímenes progresistas se ha cumplido, sin capacidad para
rebasar los límites sistémicos del dominio del capital.
Este agotamiento de ciclo se desarrolla
en forma más acelerada en la periferia de Europa, con el proceso griego: Syriza
y Tsipras se presentaron como la opción para salir de la crisis, pero
terminaron absorbidos por la lógica del capital dirigida por la Troika. El
ajuste hegemónico en Grecia se realizó en un período corto y con un período más
prolongado de crisis, por ello, fue más visible; el ajuste hegemónico en
Ecuador se realiza en cámara lenta, gradualmente, y con una crisis económica
que recién empieza a impactar hacia abajo, por lo cual es menos visible.
Reordenamiento global
A nivel global se produce un lento
reordenamiento de poder: el eje Este-Oeste, liderado por los BRICs y en
especial por China, empieza a tener un frenazo económico. Se reduce el ritmo de
crecimiento de China al 7%; en junio-julio se presentan estallidos locales de
burbujas financieras en Shanghái (-8,48%), Shenzhen (-7,59%) y Hong Kong
(-3,09%), que si bien son controlados por la intervención del Estado afectan al
proceso de conjunto; se produce una devaluación del yuan que en la primera
semana de agosto se depreció un 4.6% respecto al dólar estadounidense.
En nuestro Continente, Brasil entra en
recesión técnica, después de dos trimestres consecutivos de retroceso. En el
segundo trimestre la economía se contrajo en 1,89% respecto al trimestre
anterior y 3,09% respecto al segundo trimestre de 2014. La inflación tiene una
tendencia alcista con la previsión del 9% para diciembre de este año. A ello se
suma la crisis ética por la corrupción, lo que puede desembocar en una crisis
política.
La Unión Europea ha sido sacudida por la
crisis griega y acusa el impacto del frenazo chino. Alemania impone dentro de
la troika una política de shock, que incuba problemas estructurales. Un facto
desequilibrante es el impacto de las guerras en Medio Oriente que llevan a una
migración masiva hacia Europa, con nuevos problemas humanitarios, pero también
con efectos sobre la política y la economía europeas.
Mientras tanto, la economía
estadounidense ha logrado contener la caída, con un crecimiento del 2,3% en el
segundo trimestre del 2015, en el primer trimestre creció 0,6%. Si bien la
crisis del capital mundial no se supera, los juegos dentro del sistema permiten
un desplazamiento de los costos hacia otros territorios. Los problemas
estructurales de Estados Unidos, en torno al manejo monetario y la deuda
externa, continúan pesando, pero el poder militar y financiero aún le permite
estrategias desplazamiento territorial.
La crisis política
La hegemonía se presenta como
equilibrios inestables. La hegemonía arriba en torno a un bloque financiero-rentista-importador,
con articulación al eje Este-Oeste global, construida durante el período de
abundancia, empieza a debilitarse a partir del 2013. La escasez fiscal presiona
a algunas reducciones de los beneficios para los grupos económicos: las
salvaguardias afectan a las importaciones; se produce un forcejeo por la
utilización del fondo de encaje bancario. La tendencia es a una salida
negociada, con compensaciones. La camisa de fuerza para el acuerdo es la
mantención de la dolarización.
La tendencia es a la reconstitución de
un acuerdo arriba, en torno a un modelo que refuerce la subsidiariedad del
Estado y abra el paso a nuevas formas de privatización y transnacionalización
de la economía.
Los conflictos más significativos con el
capital transnacional están en los desenlaces de los juicios petroleros. La
tendencia es a la rearticulación con los mercados financieros tradicionales, a
través del Acuerdo Económico con Europa y del retorno del FMI y el Banco
Mundial.
Los problemas de hegemonía se complican
hacia abajo. Se presenta una tendencia a la baja en la aprobación de la gestión
y la actuación del Presidente Rafael Correa: de enero a junio cae 15 puntos y,
después de la contención de la caída durante la visita del Papa, hay un nuevo
deterioro, más lento, pero que empieza a perforar la frontera de los targets de
apoyo tradicional, sobre todo en los sectores marginales del campo. El consenso
activo hacia abajo tiende a deteriorarse, por lo cual se destapan formas más
autoritarias.
El impacto de la crisis económica
empieza a afectar las condiciones de vida de la población: después de un
período de reducción de la pobreza y el desempleo, a partir de enero de este
año los indicadores muestran un lento deterioro. Según el INEC, “el empleo
inadecuado a nivel nacional alcanzó el 49,07% en junio 2015 frente al 46,28%
del mismo mes del año anterior, y el empleo adecuado alcanzó el 45,9% frente al
48,8% de junio del 2014.”
El estado general de las masas combina
el descontento ante el régimen con procesos de derechización de la conciencia
social. La tendencia es a principalizar una visión de orden y seguridad,
diluyendo el imaginario de cambio que operaba en el período anterior y que tuvo
su expresión más alta en la exigencia constituyente. El debilitamiento de los
referentes internacionales de cambio, en particular Cuba y Venezuela, influyen
también en este viraje.
El problema principal para el Gobierno
proviene de la resistencia social. Las movilizaciones indígenas y sociales de
agosto del 2015 trazan un nuevo mapa político. No se trata de un escenario
binario gobierno-oposición, sino de un escenario a tres polos:
gobierno-oposición de derecha-polo social.
Las movilizaciones tienen motivaciones políticas, la demanda central es el
retiro de las enmiendas constitucionales. Hay algunas luchas sectoriales y
locales que confluyen en la convocatoria social. El primer resultado político
es la constitución de un polo autónomo. Sin embargo el alcance de la
movilización todavía se enmarca en los territorios con influencia orgánica de
la CONAIE y en menor medida del FUT.
La estrategia dominante
La orientación apunta a un refuerzo de
la modernización capitalista y a nuevos acuerdos arriba; mientras empieza a
principalizarse la contradicción con los movimientos sociales.
La estrategia del gobierno para
controlar los gérmenes contra-hegemónicos tiende a nuevas formas de
autoritarismo y violencia. El discurso oficial busca impedir la constitución de
un polo popular autónomo, mediante la tesis del “golpe blando” y el juego a la
derecha.
La modernización de aparato represivo de
Estado implica el refuerzo de las redes de inteligencia y la policiación de las
Fuerzas Armadas. Con ello busca dos resultados, la contención de la
movilización social por atemorizamiento, y el descabezamiento de las
organizaciones por represión selectiva a los dirigentes, como se observó en el
control de la Marcha y el Paro.
Después del Paro se ha reforzado la
política de división, como en el caso de la CONFENIAE, con políticas de control
clientelar y policial. El ataque se centrará sobre todo en contra de la
dirigencia, con nuevos procesos de judicialización de la represión.
En las nuevas condiciones el problema
que se pone al orden del día es el desenlace hacia un período post-correísta.
Alianza País intenta la salida a través de la reelección; sin embargo ante el
degaste de la figura presidencial puede buscar una carta de recambio, ya que el
interés central es la continuidad para la impunidad.
La estrategia oficial parte de un “juego
hacia adelante” de la crisis económica, para que no estalle en el período
electoral. La estrategia política del gobierno se centra en ganar tiempo,
esperando que se modifiquen las condiciones internacionales, en particular el
precio internacional del petróleo y de las commodities. Pero con ello, la
perspectiva apunta a la incubación de una crisis más profunda en cuatro o cinco
años, en la que se combinen problemas más estructurales en lo económico y lo
político. La profundización de la crisis económica se presentará en el período
postelectoral y puede combinarse con una crisis política de dominación. El
proceso toma una forma diferente a la crisis del 98, pues tiende a constituirse
como crisis de escasez fiscal-crisis económica-crisis financiera.
La visión estratégica de los movimientos
sociales y la izquierda debiera tomar nota de esta diferenciación de tiempos de
la crisis.
La oposición es un campo en disputa
entre el proyecto de la derecha oligárquica y el movimiento popular.
En el polo oligárquico todavía no hay
una decantación: se presentan dos proyectos. Uno en torno al banquero Guillermo
Lasso, que busca presentarse con un proyecto neoliberal de rostro humano; y un
segundo, en torno a Jaime Nebot, que intenta restablecer formas de poder
regional y sectorial, con apoyo internacional. La línea predominante apunta a
las elecciones del 2017, si bien hay algunos grupos que se mueven en una línea
conspirativa.
La estrategia popular
La base es la constitución de una escena
a tres bandas. El paso inicial se logró con la Marcha y el Paro, sin embargo
allí hay un límite de alternativas de poder.
Para llenar los vacíos de conducción política, la línea puede constituirse a
partir de la ampliación de los resultados de las movilizaciones. Ampliación del
programa, la estrategia y las fuerzas.
El programa se centró en la lucha contra
las enmiendas, con un carácter político significativo de las movilizaciones,
pero esto afectó al alcance de la convocatoria, en dos direcciones: los límites
de la convocatoria social por los impactos de la crisis; y la separación de
algunos sectores ciudadanos que no vieron la aceptación de la
desestabilización.
Se requiere un doble proceso de
ampliación: hacia abajo mediante la presentación de propuestas ante los
impactos socio-económicos en los trabajadores, campesinos y la población que va
sufrir los efectos de la crisis, para la defensa de las condiciones de vida de
los sectores populares. Y una ampliación hacia afuera, mediante el impulso de
la lucha contra el TLC, como punto de revinculación con el capital mundial,
para la defensa de la soberanía nacional y, en particular de la agricultura
campesina y de los recursos estratégicos (petróleos, telecomunicaciones).
La fortaleza actual está en la
movilización social, en donde el movimiento popular ha podido retomar la
iniciativa, tanto ante el gobierno como ante la derecha. Se requiere cuidar
este acumulado mediante un plan de movilización que fije objetivos concretos y
resultados simbólicos visibles. Una doble ampliación: hacia abajo, mediante una
estrategia de construcción de diversas formas de poder paralelo en los diversos
campos, que parta de una orientación de producción-redistribución comunitaria
con apoyo de los gobiernos locales de izquierda, instituya la construcción del
Estado plurinacional sin permiso y diversas formas de poder de decisión desde
abajo. Y la combinación con las luchas institucionales-electorales, a partir de
la reorganización y la reorientación del Movimiento Pachakutik, como referente
de un acuerdo del polo político de la izquierda.
Y una ampliación de la constitución de
las fuerzas. El primer esfuerzo está en consolidar un tercer polo autónomo,
mediante la condensación orgánica de los resultados de la participación de los
diversos sectores en las movilizaciones de agosto, en tres planos: la
constitución de espacios de coordinación política unitaria, la constitución de
plataformas de diálogo social sectorial y la articulación con la corriente de
izquierda continental y mundial.
A partir de este polo autónomo se podría
abrir líneas hacia formas de frentes de salvación nacional y alianzas con
sectores de empresarios pequeños y medianos y frentes de acuerdo
político-electoral con las fuerzas de izquierda-centro izquierda.
La participación electoral debe tratarse
como un paso de acumulación dentro de una estrategia hacia el desenlace de la
crisis económica post-electoral que abrirá condiciones hacia una crisis
política y para un escenario de cambio de poder. Quizás la forma sea concentrar
el esfuerzo en el control de los gobiernos locales y del Parlamento. Con ello
se pueden crear condiciones para ir a una Asamblea Constituyente que desmonte
el modelo de modernización capitalista y abra un nuevo período de democracia
radical.
La condición para este viraje es empezar
a llenar el vacío de conducción política y de visión estratégica; superar una
visión inmediatista que reduce todo al problema de oposición al régimen,
aislando las luchas populares del objetivo estratégico. La contradicción principal
es el desfase entre las condiciones objetivas de crisis estructural del sistema
y de agotamiento de las salidas “progresistas” y la debilidad de perspectivas
estratégicas de poder autónomo.
Se requiere abrir un
debate político que permita realizar un balance real de fuerzas y trazar los
nuevos caminos. No es una tarea meramente local, implica a las fuerzas
revolucionarias del Continente, en un momento de viraje de período estratégico.
