El día martes 7 de agosto del año en curso, usted señor Procurador hizo declaraciones públicas en el Canal Teleamazonas a propósito de una entrevista propiciada por la periodista Janeth Hinostroza. Durante su alocución informó respecto a varios juicios que la Procuraduría está enfrentando al momento, como el Arbitraje conocido como “Chevron II” y que se refiere a la demanda implantada (ilegalmente) por la petrolera en contra del Estado, pretendiendo que sean los ecuatorianos y ecuatorianas quienes paguemos por el crimen que ellos cometieron en las provincias de Orellana y Sucumbíos, lo que generó una sentencia que condena a la petrolera al pago de alrededor de 9.500 millones de dólares para la reparación de las zonas afectadas.
En sus declaraciones, usted asume la “alta” probabilidad de perder el juicio en el arbitraje internacional, lo que nos llama profundamente la atención, puesto que de inicio está poniendo en duda la capacidad de la Procuraduría de patrocinar efectivamente al Estado ecuatoriano, sobre todo en un caso que ha sido demostrado a la saciedad y jurídicamente que no tiene validez alguna. Sus declaraciones nos dejan dudas sobre su observancia a la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, Art. 2, en concordancia con el Art. 237 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece las competencias y obligaciones del Estado y sus intereses, siendo la principal de ellas el patrocinio del Estado ecuatoriano. Es decir, que la Procuraduría tiene la obligación de defender los intereses del Ecuador y sus habitantes.
En sus declaraciones, usted asume la “alta” probabilidad de perder el juicio en el arbitraje internacional, lo que nos llama profundamente la atención, puesto que de inicio está poniendo en duda la capacidad de la Procuraduría de patrocinar efectivamente al Estado ecuatoriano, sobre todo en un caso que ha sido demostrado a la saciedad y jurídicamente que no tiene validez alguna. Sus declaraciones nos dejan dudas sobre su observancia a la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, Art. 2, en concordancia con el Art. 237 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece las competencias y obligaciones del Estado y sus intereses, siendo la principal de ellas el patrocinio del Estado ecuatoriano. Es decir, que la Procuraduría tiene la obligación de defender los intereses del Ecuador y sus habitantes.
Se deduce de su intervención que no está defendiendo los derechos ni intereses del Estado, sino preparando el escenario para un posible triunfo de la petrolera, lo que nos preocupa, sobre todo en el marco de una política gubernamental que no ha sido del todo clara en relación a la defensa de los intereses nacionales, con declaraciones públicas en favor de una negociación con la petrolera bajo el pretexto de atraer inversiones al país.
Pero no sólo eso. Ante una pregunta de la entrevistadora en referencia al cometimiento de “una serie de irregularidades”, lo cual ha sido descartado totalmente en los tribunales de justicia, y que es la razón por la cual se podría perder el caso Chevron en tribunales internacionales, su respuesta fue que “eso es lo más probable”, lo que, en el mejor de los casos, evidencia un gran desconocimiento del tema por su parte, o un preocupante desinterés por conocer la verdad que subsiste tras este complejo juicio, que le va a llevar a la convicción de que la razón es de los afectados y que su obligación es defender a la población ecuatoriana y al país.
Igual de lamentable es su referencia a que los casos no se ganan con publicidad, haciendo referencia a la campaña lanzada por el gobierno anterior, conocida como “La mano sucia de Chevron”. A este respecto debemos decir que si bien podemos estar en desacuerdo con aquella campaña, que tampoco favoreció a los demandantes ecuatorianos, su posición nos da cuenta de que desconoce los argumentos construidos por el propio Estado para defenderse en este caso y al parecer solamente cree en la campaña publicitaria y de lobby desatada por la petrolera.
Pero, si bien es grave lo que dijo, también lo es lo que no informó. Por ejemplo: que el arbitraje contra el Estado que aún está pendiente es producto de la firma de un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) suscrito en 1997 entre Ecuador y Estados Unidos de Norteamérica y aplicado de forma retroactiva; que según el informe presentado por la CAITISA, http://caitisa.org/ los TBI han generado un grave perjuicio económico al Ecuador; que en su demanda contra el Estado, Chevron ha exigido que se violen normas del Estado ecuatoriano y que se vulneren los derechos humanos, particularmente de las poblaciones afectadas, por su negligente operación; que en la demanda presentada por Chevron ante el Tribunal Arbitral no hay argumento jurídico alguno que no haya sido resuelto en otras instancias judiciales que han rechazado, por inconsistentes e improbables, sus pedidos; que la petrolera, durante esta demanda, ha cambiado innumerables veces el objeto de la misma a fin de ajustarla a sus intereses; entre otras múltiples ilegalidades frente a las que el Estado está en la obligación de defenderse.
Tampoco indica que según el informe del ISDS[1], aproximadamente el 70% de los casos que conocen los paneles de arbitraje, son resueltos en favor de las empresas transnacionales, pese a que muchas veces se demuestra la clara violación de los Derechos Humanos por parte de estas empresas.
Por estas razones, rechazamos sus declaraciones señor Procurador y le exigimos que cumpla sus obligaciones en beneficio de los ecuatorianos y ecuatorianas. Desde la sociedad caminamos para el desmantelamiento de la estructura de impunidad que cobija a las transnacionales so pretexto de inversión. Los derechos humanos no pueden subordinarse a los intereses corporativos.
EXIGIMOS QUE EL ESTADO CUMPLA SU PAPEL GARANTIZANDO
JUSTICIA Y DERECHOS PARA LA POBLACIÓN
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