domingo, 24 de enero de 2016

Ecuador la criminalización de la protesta asoma en Puyo

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Entre colibríes y Foucault, la criminalización de la protesta asoma en Puyo
“En medio del pánico y caotizado el centro de la ciudad por las bombas lacrimógenas, la gente que estaba en la movilización se dividió en pequeños grupos, los cuales fueron perseguidos por la policía y los militares, quienes detuvieron a gente en diferentes puntos de la ciudad”. Así narraba Andrés Tapia, uno de los ciudadanos asistentes a la manifestación, como finalizó la movilización del pasado 13 de agosto en el Puyo. Son 7 ciudadanos encausados en el Puyo por presunto terrorismo organizado, una figura penal que se aprobó con el COIP. Fueron acusados luego de las movilizaciones del 13 de agosto del 2015. Ellos tienen su audiencia este 26 de enero.
20 de enero del 2016
DECIO MACHADO
“En medio del pánico y caotizado el centro de la ciudad por las bombas lacrimógenas, la gente que estaba en la movilización se dividió en pequeños grupos, los cuales fueron perseguidos por la policía y los militares, quienes detuvieron a gente en diferentes puntos de la ciudad”. Así narraba Andrés Tapia, uno de los ciudadanos asistentes a la manifestación, como finalizó la movilización del pasado 13 de agosto en el Puyo.

Dicha movilización se realizó en el marco de las protestas nacionales que impulsaron la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el Frente Unitario de Trabajadores en agosto del 2015. Dichas protestas tuvieron su inicio en una marcha que partió el día 2 de agosto desde Tundayme –provincia de Zamora Chinchipe- y que culminó el 13 de agosto en Quito, aunque las acciones de protesta se prolongaron en diversos puntos del país hasta el 26 de ese mismo mes. Según un informe del Colectivo de Investigaciones y Acción Sicosocial Ecuador, hubo 229 “agresiones, detenciones, intentos de detención, y allanamientos en todos los territorios donde se realizaron movilizaciones y protestas”, en especial en las provincias de la Amazonía y Sierra sur del país. Según este análisis aproximadamente dos de cada tres personas víctimas de violencia estatal fueron detenidas, lo que da cuenta de una estrategia de control sobre la protesta.

Es con esta herramienta, la de terrorismo organizado, la cual el Estado procederá a aplicar sentencias a los procesados de la movilización social más importante que ha habido hasta ahora en el Ecuador tras la aprobación del COIP.

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