Ponemos en su conocimiento el informe de la auditoría de los tbi, documento esperado por el movimiento social mundial desde hace casi un año. hoy lo difundimos gracias a la publicación del documento filtrado y difundido por el periódico diagonal
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Diagonal hace público los resultados de la auditoría sobre tratados de inversión en Ecuador
Una serie de estudios encargados por el Gobierno de Correa alertan que la firma del acuerdo comercial con la UE podría animar la fuga de capitales y generar una crisis en la balanza de pagos de Ecuador.
, Quito (Ecuador)
Rafael Correa denunció los tratados bilaterales TBI al llegar a la presidencia. Tras el inicio de las negociaciones con la UE, cambió el discurso
La CAITISA, siglas que resumen el largo y tedioso
nombre de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de
Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en
Materia de Inversiones, fue creada por el Gobierno de Ecuador (Decreto Ejecutivo No 1506)
el 6 de mayo de 2013 con el objetivo de realizar una auditoria integral de los Tratados
Bilaterales de Protección Recíproca de Inversiones (TBI) y del Sistema de Arbitraje Internacional, buscando
examinar “su legitimidad, legalidad e impacto de aplicación”.
Conformada
por expertos independientes en materia de inversiones y derecho internacional
que trabajaron junto a representantes del Gobierno, la CAITISA concluyó su labor el pasado
mes de diciembre.
El
periódico Diagonal difunde a través de esta página tres de los informes
elaborados por la CAITISA, en los que se resume los análisis, conclusiones y
recomendaciones realizados al gobierno ecuatoriano, quien hasta el momento ha guardado silencio
sin hacer públicos sus contenidos.
¿Qué son los TBI?
Los
Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones (TBI) son un tipo
especial de contrato suscrito entre Estados para asegurar protección al inversor extranjero por parte del Estado receptor.
Su
contenido obedece a un formato recomendado en 1962 por el Consejo de Ministros
de la OCDE, aunque con el tiempo se han ido adaptando a los nuevos requerimientos
de los inversores. Desde entonces, los TBI se han
difundido ampliamente a lo largo y ancho del planeta, como reflejo de la actual
hegemonía del interés privado sobre el interés público.
Uno
de los temas más polémicos de los TBI son los procedimientos de solución de
controversias entre los inversores y el Estado, en el que se adopta la
modalidad de arbitraje en cortes extranjeras. Esta cláusula pone a las corporaciones
internacionales al mismo nivel que los Estados, posibilitando el ejercicio de demandas
judiciales por parte de los primeros contra los segundos.
La
duración de los TBI condiciona la soberanía de los Estados, dado que más allá
de su duración del contrato, de forma adicional se contemplan cláusulas de
“prorroga” con lo cual subsisten luego de finiquitados. Por lo general, estos plazos se mueven entre 10 y 20
años, lapso de tiempo en el que los
Estados pueden ser requeridos para un proceso arbitral, con independencia de
que pudieran anteriormente haber denunciado dicho tratado.
Molesto contenido en
los informes de la CAITISA
Los TBI firmados por el Estado
ecuatoriano, la mayoría de ellos celebrados entre 1992 y 2002 durante el auge
neoliberal, ahora están en fragante contradicción con lo que dispone su actual
Constitución, en vigor desde octubre de 2008.
En su Artículo 442, dicho texto
constitucional determina que no se podrán celebrar tratados o instrumentos
internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de
arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial
entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.
Los
TBI firmados por Ecuador están en fragante contradicción con lo que dispone su
actual Constitución, en vigor desde octubre de 2008
A
esto hay que sumar las anomalías existentes en la adhesión de Ecuador al Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
iniciada en enero de 1986, aunque no fue aprobada en el Congreso Nacional hasta
enero de 2001. En estricto rigor, todos los TBI suscritos por Ecuador antes del 2001
deberían carecer de validez por adolecer de
falta de requisito de jurisdicción, hecho no reconocido por este centro de
arbitraje internacional.
Los
motivos anteriormente expuestos, sumados a la connivencia del CIADI con las
corporaciones transnacionales –el 62% de sus fallos han sido a favor de éstas–,
determinaron que el
presidente Rafael Correa denunciara en junio del 2009 el convenio del Ecuador con dicho organismo
internacional. Pero todo esto no ha impedido que el pequeño país andino sea el
tercero más demandado de América Latina –sólo superado en la región por
Argentina y Venezuela– y el quinto en el ránking mundial.
En
su informe de Conclusiones, la CAITISA enumera los 30 TBI firmados por el
Ecuador. De ellos, 27 entraron en vigencia. De estos, 26 se encontraban
vigentes en 2008, momento en el que el Gobierno presidido por Rafael Correa adoptó la decisión política de iniciar
el proceso de denuncia de todos estos tratados internacionales.
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Nueve de los 26 TBI vigentes se denunciaron por vía diplomática, aunque
seis de ellos mantienen vigencia por aplicación de la cláusula de
remanencia; 17 se denunciaron bajo las reglas de la
Constitución de 2008, aunque todos ellos también mantienen su vigencia, sea por aplicación de
la cláusula de remanencia –caso con Finlandia–o bien porque el proceso de
denuncia quedó paralizado. Este documento también recoge las tensiones
evidentes entre la legislación nacional y los TBI.
Los
informes filtrados recalcan la necesidad de continuar con los procesos de
denuncia de los TBI iniciados por el Gobierno en 2008 pero
actualmente paralizados
Al
respecto no sólo se hace referencia a la sesión de soberanía y sometimiento del
Ecuador a tribunales internacionales, sino también al hecho de que los TBI atentan contra la
capacidad regulatoria del Estado sobre la inversión extranjera,pues limitan las posibilidades del Gobierno de imponer
obligaciones al inversor o de regular sus operaciones en el país.
Además,
los TBI ecuatorianos no
contienen obligaciones para los inversionistas, como por ejemplo la protección del ambiente o la
transferencia de conocimiento y tecnología a favor del país receptor de la inversión.
Se destaca el hecho de que Ecuador ha sido demandado ante tribunales
internacionales en 24 ocasiones, 17 de ellas durante la gestión del presidente
Correa. En total, el Estado ecuatoriano ha sido demandado por un total de 17.765 millones de dólares, de los cuales ya se han pagado o se adeudan la
suma de 2.807 millones de dólares por las demandas ya concluidas de IBM, Oxy I,
Oxy II, Duke Energy, Noble Energy & Machala y Chevron II. A esto hay que
sumar el costo de los bufetes de abogados –en su mayoría extranjeros– y otros
gastos del arbitraje, lo que en el período comprendido entre 2003 y 2013
significa otros 156 millones de dólares.
A
pesar de lo anterior, la CAITISA considera que la inversión extranjera que
llega al Ecuador es poca y por lo tanto no determinante en el crecimiento
económico del país.Además,
considera que los TBI no han desarrollado un rol significativo para la
atracción de capital extranjero. Es
por todo lo anterior que el informe de CAITISA denominado Recomendaciones finales recalca la necesidad de continuar con los
procesos de denuncia de los TBI iniciados por el Gobierno en 2008 pero
actualmente paralizados.
El documento, además, plantea
alternativas en el marco de crear nuevos instrumentos reguladores entre el Estado y los inversores, así como la
necesidad de renegociar los contratos ya establecidos.
Respecto
a las cortes de arbitraje, la CAITISA considera que son las cortes nacionales el
instrumento más idóneo para resolver
disputas en materia de inversiones.
Por
último, en su informe denominado Análisis de las cláusulas sustantivas de los TBI
celebrados por la República de Ecuador,
la CAITISA desarrolla un estudio comparativo entre los TBI, el repudiado ALCA y
el Acuerdo Comercial suscrito por Colombia y Perú con la Unión Europea (UE) al
que Ecuador ha pedido su adhesión.
El estudio encuentra grandes similitudes
entre las más sustanciales cláusulas existentes en los TBI respecto a las del
viejo ALCA y las contempladas en el reciente Acuerdo Comercial con la UE. Este
análisis considera que las reglas aplicadas en los TBI, el proyecto
inconcluso del ALCA y el Acuerdo Comercial con Europa que tienen como objetivo
la protección de la inversión extranjera son exactamente las mismas. De esta
manera, tanto TBI como Tratados de Libre Comercio (TLC) como Acuerdo Comercial con UE,
comparten cláusulas estratégicas similares, lo
que pone en entredicho la constante negación del presidente Correa respecto a
haber aceptado un TLC con Europa.
La CAITISA alerta al respecto,
considerando que la firma de este acuerdo comercial con la UE podría animar a aumentar la fuga
de capitales y generar una crisis en la balanza de pagos de Ecuador.
Giro político de
Rafael Correa
Más
allá que el presidente Correa goce de amplias simpatías entre el progresismo
internacional, en gran parte debido a sus argumentadas críticas a la asimétrica
relación entre los países del Norte y los del Sur, la parálisis de los procesos de denuncia de los TBI
parece responder a un cambio de decisión política por parte del Gobierno.
Los
procesos de denuncia de estos tratados quedaron paralizados a partir de que
Ecuador pidiera su adhesión al Acuerdo Comercial europeo
No
parece casualidad que en el caso de los TBI firmados por el Ecuador con países
integrantes de la Unión Europea (Alemania, Gran Bretaña, Francia, Suecia,
Países Bajos, España e Italia) estos procesos de denuncia quedaran paralizados a partir de que
Ecuador pidiera su adhesión al Acuerdo Comercial europeo.Todo ello a pesar de que todos estos TBI disponen de
un dictamen de inconstitucionalidad emitido por la Corte Constitucional y que,
incluso, en cuatro de estos casos la denuncia del tratado ya hubiera sido
aprobada en el Legislativo ecuatoriano.
La
renuencia por parte del Gobierno de llevar a término los procesos de denuncia
de los TBI sumado a la firma del Acuerdo Comercial con la UE, implicó que el
más destacado miembro de la CAITISA, el prestigioso intelectual y político
colombiano recientemente fallecido Carlos Gaviria, decidiera abandonar esta comisión en la
cual ejercía como presidente.
En
su carta de renuncia dirigida
al presidente Correa, fechada el 28 de noviembre de 2014, sentenció:
“Hacer frente a la rampante economía de
mercado global, reivindicando un espacio donde sea posible el ejercicio
soberano de poder, es sin duda una apuesta seductora pero temeraria. Hay
que vencer demasiadas circunstancias adversas, y éstas se han ido
magnificando como por ensalmo.
Me parece que el fenómeno lo ha captado
usted cabalmente , señor Presidente, y como corolario inevitable su
horizonte utópico se ha ido menguando y palideciendo. Los indicios son
significativos y contundes.
(…)
Entiendo perfectamente la situación que
usted enfrenta, señor Presidente, pero la mía es diferente: apelando a la
dicotomía weberiana, usted debe actuar conforme a una ética de la
responsabilidad, que es la que incumbe al gobernante. Yo, en cambio, que
no tengo esas funciones, puedo seguir actuando según la ética de la
convicción, que es la que ha guiado mi comportamiento durante tantos
años, y ella me dice que no debo contemporizar con situaciones fácticas
que no por irresistibles son menos dignas de censura.
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