viernes, abril 26, 2019

La Conaie se opone al establecimiento de la “nueva política minera”

D.M. Quito, 26 de abril de 2019
Boletín de prensa
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, expresa su postura frente a la firma por el Gobierno Nacional de los decretos: 722 sobre la “actualización, definición y emisión de la nueva política minera del Estado, así como los lineamientos para su aplicación y correspondiente ejecución”; y 724 que establece reformas al reglamento para regulación de precios de los derivados de los hidrocarburos.
La Conaie se opone al establecimiento de la “nueva política minera” que el Gobierno Nacional pretende imponer para asegurar los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y así recibir la línea de crédito y cumplir los pactos con este organismo, en un panorama que coloca los recursos naturales del Estado en total entreguismo a las condiciones transnacionales de las corporaciones mineras y el capital transnacional.
A pesar que el presidente Lenín Moreno en diciembre de 2017 afirmó el cese de toda concesión minera y petrolera, evaluación de las condiciones en que se entregaron aquellas que ya estaban operando; y luego en febrero de 2018 ratificó la anulación de dos mil concesiones mineras, hoy atenta a su palabra y promueve las condiciones para ampliar la explotación minera en los territorios de pueblos y nacionalidades que claramente y de forma organizada han dicho no a las políticas extractivistas y sí a la defensa de la naturaleza, impulsando alternativas de desarrollo que respeten el medio ambiente.
En este sentido, con el anuncio de la empresa INV Metals de continuar explotando el páramo de Quimsacocha, somos enfáticos en anunciar que no permitiremos burlarse de la voluntad popular del pueblo de Girón que dijo NO a la minería, con un 86% de los votos en la consulta popular, y expresó su defensa al agua y a la vida.
Por otra parte, hacemos eco del sentir popular de inquietud y temor que el anuncio de liberación del precio del gas natural de uso industrial, sea el paso previo para la subida del precio del gas de uso doméstico, tal como ocurrió con el precio de la gasolina súper con las medidas económicas aplicadas en los primeros meses de 2019, es decir, que las políticas neoliberales impuestas por este Gobierno seguirán aplicándose afectando a los sectores más empobrecidos del campo y la ciudad del país
Frente a este escenario la CONAIE sostiene su independencia ideológica y política con el Gobierno, a la vez que ratifica su posición his****tórica de resistencia frente a la tentativa de privatización de los sectores estratégicos y las medidas económicas que constituyen una transferencia total del país a las condiciones impuestas por el FMI, exhortamos a estudiantes, trabajadores, organizaciones sociales, agricultores, jubilados, artesanos, médicos y todos los sectores populares afectados por las decisiones del Gobierno a estar alerta y organizados.


Por el Consejo de Gobierno                               
Jaime Vargas

lunes, abril 22, 2019

Jornadas #EcuadorMejorSinTLC

La imagen puede contener: texto

Estudio comparativo

impactosTLCecuador


“ARTÍCULO 329. Adhesión de otros Países
Miembros de la Comunidad Andina a este Acuerdo

“1. Cualquier País Miembro de la
Comunidad Andina que no sea Parte de este
Acuerdo en la fecha de su entrada en
vigor para la Parte UE y al menos uno de
los Países Andinos signatarios (en adelante «País Andino candidato»), podrá
adherirse a este Acuerdo de conformidad con las condiciones y procedimientos
establecidos en este artículo...

lunes, abril 15, 2019

Plebiscitos y movimientos antisistémicos

Por Raúl Zibechi
Las consultas populares   tienen una extensa historia en América Latina. Se han multiplicado en los años recientes, buena parte de ellas organizadas por los movimientos sociales. En algunos casos, para apoyar o rechazar una legislación determinada avanzada por el gobierno o el parlamento. En otros, para fortalecer la posición de los movimientos ante el modelo extractivista. Siempre tienen ventajas y problemas serios.
Uruguay es uno de esos países donde han sucedido una decena de plebiscitos, con resultados muy diversos y hasta desastrosos. Voy a abordar sólo aquellos casos que están directamente vinculados a los movimientos, o sea que no han sido iniciativa de los gobiernos, o que éstos han aceptado por presión de aquellos para zanjar luchas sociales importantes.
En 1989 un amplísimo movimiento popular contra la impunidad llevó a plebiscito la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, o ley de impunidad, con la que el primer gobierno pos dictadura pretendía no juzgar a los militares violadores de los derechos humanos.
La ley había sido aprobada en diciembre de 1989 bajo fuertes presiones del entonces presidente Julio María Sanguinetti, con la excusa de que los uniformados no iban a aceptar ser juzgados y que podían amenazar nuevamente la democracia. Sólo la izquierda se opuso en el parlamento, cuando tenía apenas 20 por ciento de los votos.
Apenas aprobada la ley, un tsunami social recorrió el país. En pocas semanas se formaron más de 300 comités en Montevideo para recoger firmas y derogar la ley. El proceso fue largo y complejo, hubo trampas burocráticas que obligaron a una impresionante movilización social: 30 mil brigadistas recorrieron todas las viviendas del país pidiendo firmas, dialogando con los vecinos y retornando hasta seis y siete veces para hacer efectiva la rúbrica.
Ese movimiento cambió el país y estuvo en la base del crecimiento imparable del Frente Amplio hasta que superó 50 por ciento de los votos. Pero el plebiscito se perdió (60 por ciento votó amarillo, en favor de la impunidad) y la derrota del voto verde supuso un batacazo para el movimiento popular del cual nunca se repuso.
Moraleja: las cuestiones éticas no deben someterse a plebiscito, hay que luchar por ellas toda la vida, como nos dijeron en su momento Madres de Plaza de Mayo.
A partir de aquel momento hubo varios plebiscitos, varios de ellos victoriosos, como aquel de diciembre de 1992 que frenó las privatizaciones. Sesenta y cinco por ciento de los uruguayos votamos por anular los artículos más importantes de la ley, caminando a contracorriente del continente donde se expandía una fiebre privatizadora, en particular en Argentina de Carlos Menem. Fue un triunfo importante del movimiento popular, pero a diferencia del plebiscito de 1989, la movilización no generó entramados y redes organizativas duraderas.
En Argentina hubo un plebiscito que cambió la lucha contra la minería a cielo abierto. Sucedió en Esquel en 1993 y fue, según Página 12la primera gran derrota de la megaminería en Argentina (goo.gl/3NWpYi). El movimiento lo inició una comunidad mapuche que advirtió la presencia de la minera en sus territorios. Los vecinos hicieron múltiples reuniones hasta crear la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina.
Las numerosas marchas y asambleas forzaron a la autoridad local a convocar un plebiscito: 81 por ciento de los vecinos votaron No a la mina de oro y plata de Meridian Gold, pese a la campaña de los principales partidos de la provincia, en una ciudad de 30 mil habitantes en la sureña provincia de Chubut. Fue el comienzo de un amplio movimiento nacional contra la minería y el extractivismo que se agrupa en la Unión de Asambleas Ciudadanas, donde participan personas de más de 100 pueblos y ciudades de todo el país.
Un año antes había sucedido algo similar en Tambogrande (Perú) y en los años siguientes hubo decenas de plebiscitos en varios países de la región, entre los que cabe destacar los más recientes realizados en Colombia contra mineras. En Guatemala decenas de municipios han accedido a las peticiones de la población rechazando la minería y otros emprendimientos extractivos.
Llegados a este punto, es necesario sacar algunas conclusiones. La primera es que los plebiscitos pueden fortalecer a los movimientos cuando son convocados bajo su influencia y en las condiciones dictadas por ellos, siempre que no afecten cuestiones éticas, que nunca deben ser sometidas a votación.
La segunda es que siempre que se ha convocado a los habitantes de sitios donde hay emprendimientos mineros o grandes obras de infraestructura (hidroeléctricas, aeropuertos y puertos), la respuesta ha sido invariablemente negativa y esto ha fortalecido la resistencia.
La tercera es quiénes debe pronunciarse. No tiene sentido que todo un país decida lo que se va a hacer en un territorio; le corresponde sólo a la población afectada. En no pocas ocasiones los gobiernos han tomado la iniciativa pero sólo para desactivar resistencias.
Plebiscitos y movimientos antisistémicos

sábado, abril 13, 2019

Luciana Ghiotto: “El TPP-11 es el peor tratado de libre comercio de la historia”



En conversación con Radio Universidad de Chile, la investigadora argentina e integrante del movimiento Argentina Mejor Sin TLC, Luciana Ghiotto, se refirió a las implicancias que podría tener la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica o mejor conocido como TPP-11.


La ratificación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica o mejor conocido como TPP-11, ha sido uno de los proyectos de ley más controversiales del último tiempo. Su votación en el Congreso fue postergada y su discusión, que ha estado marcada por las dudas respecto a las implicancias del texto, se está prolongando durante todo este mes de abril.
En términos generales, lo que hace este tratado es rebajar de manera considerable los aranceles comerciales a los países participantes, pero más aún, a las empresas transnacionales. Esto último ha provocado el rechazo de los sectores opositores al gobierno de Sebastián Piñera, quienes han señalado que suscribiendo este tratado Chile cedería soberanía frente a las grandes corporaciones.
En entrevista con el programa Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, Luciana Ghiotto, investigadora e integrante de la agrupación Argentina Mejor Sin TLC, explicó las implicancias que podría tener en nuestro país el hecho de firmar este acuerdo.
Sobre el TPP-11 en particular, la experta argentina comentó que no existen grandes diferencias con anteriores Tratados de Libre Comercio (TLC) a los que Chile ha suscrito.
“El TPP-11, en particular, es el peor tratado de libre comercio probablemente de la historia. Pero no se separa tanto tampoco de los otros tratados de libre comercio que ya ha firmado Chile, que están vigentes hace más de diez años y que se están firmando en otras partes del mundo”, sostuvo.
Una de las mayores críticas a las que se enfrenta la aprobación del TPP-11 es que, de llevarse a cabo, éste se convertiría en ley nacional que debe ser respetada por todos los poderes del Estado.


En esa línea, Ghiotto sostiene que éste es un acuerdo muy poderoso, más que un TLC, al punto de tener consecuencias directas en la vida cotidiana de las personas.
“En el caso de Chile entraría por arriba. Entraría por la ventanita del baño, esa chiquita, que uno ni se acuerda que la tiene abierta. Entra por ahí y te obliga a que saques la ley sí o sí. Entonces, estamos ante un tratado con mucho poder, muy abarcador, con un rango de temas que son mucho más amplios que lo que la población en general puede creer. Es un tratado de unas mil páginas y con temas muy fuertes para la vida cotidiana de las personas”, indicó la experta.
Pero también tiene otras implicancias. Porque son justamente quienes tienen que votar la aprobación del acuerdo los que podrían salir perjudicados. Esto, porque el texto del tratado obliga a que se vaya revisando la regulación en el Congreso cada cinco años para que ésta sea adaptada a lo que plantea el mismo. En Radioanálisis, Luciana Ghiotto explicó esta situación.
“Si este tratado entrara en vigencia, implicaría para los diputados que cada dos o tres años, van a tener una revisión constante de la legislación existente y van a tener que adaptar sus decisiones legislativas -aquello por lo cual la ciudadanía los eligió, para que legislen según ciertas idea-, pero no, tienen que adaptarlas a lo que plantee la letra del TPP. Por eso es peligrosísimo el TPP, no es un tratado cualquiera, no es un TLC cualquiera de los que están firmados y vigentes. Este tiene estos mecanismos mucho más complejos y mucho más refinados que encienden la alerta de la ciudadanía”, señaló Ghiotto.
Recordemos que esta semana la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados resolvió que el TPP-11 deberá ser votado por la sala de la corporación en una única instancia y con quórum de ley simple. Es decir, para su confirmación sólo bastará con que la mayoría de los diputados presentes lo aprueben, regla que se aplica para la discusión de todos los tratados internacionales.

https://radio.uchile.cl/2019/04/12/luciana-ghiotto-por-tpp-11-es-el-peor-tratado-de-libre-comercio-de-la-historia/

viernes, septiembre 14, 2018

Ecuador Decide rechaza Laudo Arbitral Chevron III que busca que el Estado ecuatoriano deniegue justicia a más de 30.000 personas de la Amazonia afectadas por la Chevron-Texaco.



Rejects Arbitral Report Chevron III that seeks the Ecuadorian State to deny justice to more than 30,000 people affected by Chevron-Texaco in the Ecuadorian Amazon
Rachazo
Laudo Arbitral Chevron III que busca que el Estado ecuatoriano deniegue justicia a más de 30.000 personas afectadas por la Chevron-Texaco en la Amazonia


Texaco against life
From 1964 to 1992, the Ecuadorian State granted in concession, without the consent of its inhabitants, 500 thousand hectares of jungle, biogenetic heritage and home of ancestral peoples, to the U.S. Corporation Texaco.


For 26 years in Ecuador, the Texaco Company extracted 1,5 billion barrels of crude oil, perforated 356 wells, spilled tons of material and toxic wastes in rivers and soils, and threw more than 16 billion gallons of water with carcinogenic toxic waste.

The activities of Texaco caused serious damage to the population and nature:

• Thousands of cases of cancer and other degenerative and disabling health problems.
• Contamination of soils and water, which prevents peasant-settlers and the Siona, Siekopai, Kofán, Shuar,
Waorani and Kichwa communities from producing their food, and forces them to buy the water they used to get
from rivers and slopes at high prices.
• Due to the concessions in its territory and to the increasing pollution, part of the population of the native peoples was displaced from their homes.
• The forced contact, especially caused by the construction of highways to widen the oil frontier, caused
the extinction of the indigenous groups Tetete and Sansahuari.
• Violence was exercised against women and the working people of the company


Thus, in 1993, 30.000 people affected in the northern Ecuadorian Amazon filed a lawsuit in the U.S. courts
against the transnational. This case is known in the courts as Aguinda vs.Texaco and was presented at the same time as the demand to the same company for affected communities in Peru, a case known as Jota vs.Texaco.

After ten years of processes, the U.S. court stipulated that the company must submit to the Ecuadorian and Peruvian courts respectively. Then, the Ecuadorian communities joined forces in the “Union of Affected by the Oil operations of Texaco” (UDAPT for its initials in Spanish). UDAPT fought for justice for other thirteen years in the case called "Trial of the Century".

In response to the trial started by the victims, the Texaco company, subsidiary of the Rockefeller Chevron
Corporation since 2001, lashed with several actions:

1. Sued the Ecuadorian State in New York in 2004. The case, known as Chevron I, was ruled in favor of the
Ecuadorian State;
2. In December of 2006 (case Chevron II) and in September 2009 (case Chevron III), the company took the
Ecuadorian State to a court of arbitration in The Hague. Their allegations were based on the Treaty of Promotion and Reciprocal Protection of Investments (TBI) signed between the United States and Ecuador in 1993, during the neoliberal government of Duran Ballen and in force since 1997 -five years after the oil company terminated its contract with the Ecuadorian State-;
3. Appealed the judgment of February 14, 2011, given by the President of the Provincial Court of Sucumbíos. In which it was ordered to pay 9.5 billion dollars for environmental damage repair. This sentence was
ultimately ratified in the Constitutional Court of Ecuador on July 10th of last year;
4. Initiated a trial in the U.S. against the affected people accusing them of extortion and use of corrupt means, and
5. Initiated more than 20 demands in the U.S. against the people affected, looking for clues to attack those who estimated the damages.

Bilateral investment treaties (TBI) and their role in protecting corporations


Ecuador Decide, as a platform of social organizations against the trade agreements based on free market, have alerted that the TBI are instruments of the transnational companies to increase its monopoly. Instruments to assure its impunity in the face of damages committed by their violence and voracious extractivism. And for governments to put the state structure at the service of corporate interests in exchange for economic and political favors.

The TBI was denounced by the Ecuadorian Assembly on May 3rd, 2017, on the basis of the recommendations by the Integral Citizen Audit Commission of the Bilateral Investment Protection Treaties, and the International Arbitration System (CAITISA in Spanish). Nonetheless, its detrimental effects for Ecuador continue through several business demands against the Ecuadorian state due to avalidity clause of 10 years after they denounce. 26 demands are current: 50 % in the oil sector, 19 % related to electricity, and 12 % in mining. The Ecuadoran State is sued by 11.188 ´966.571 dollars. Until April 2017 the Ecuadorian government has paid to Oxy, Chevron and other corporations 1,342'115.969 dollars and it has spent 155'929.417 dollars in international lawyers.

On July 10th, 2018, the Constitutional Court of Ecuador ratified the judgment of the ‘Trial of the Century' in favor of the citizens affected by Chevron-Texaco. Despite the pressures of the U.S vice-president, who, in a historic visit to Ecuador, offered a Free Trade Treaty (NAFTA) if Ecuador eliminated topics qualified by him as “irritant“. Among these was the trial of the persons affected by Chevron-Texaco.

The political pressures of Texaco towards the governments of turn in Ecuador are not new. In the year 1995, the Government of Duran Ballen-Dahik signed the contract for environmental remediation, in which the State releases Texaco from liability and commits to not carry legal action against it. In 1998, after Texaco allegedly
remediated the corresponding area, the Mahuad government signed the settlement act ratifying Texaco's release of responsibilities. All this without consulting the affected people. In the year 2008, Chevron-Texaco got the United States to threaten the Ecuadorian State with not renewing the tariff preferences if it did not make the affected communities desist of their complaint. In 2016, in order to place sovereign bonds on the international financial market, the Ecuadorian Government pressured those affected to lift the embargo on the resources that legally corresponded to them. In July of 2016, the Ecuadorian state paid Chevron-Texaco 112 million dollars in the known Chevron II Arbitral Award as compensation for supposed refusal to access justice, although in his public speech the president Rafael Correa said that no pretention of the company should be accepted.

Two months after the Constitutional Court of Ecuador ratified the ruling on behalf of those affected by ChevronTexaco; on September 7, 2018, The Hague Tribunal, in the Chevron III Arbitral Award, sentenced the Ecuadorian State to take over the damage caused by the company and to repair the population.

Pronouncement of Ecuador Decide We, the social organizations part of Ecuador Decide and other organizations that signed this public alert, concerned by the actions that the governmental institutions will implement after the decision of the second Chevron Arbitration Award against Ecuador, a case is known as Chevron III, therefore state the following:

• We endorse the historical fight of the UDAPT, the organization of the communities of the northern Amazon affected by the oil pollution left by Chevron-Texaco, which shows us the impacts of the predatory economic system that we must overcome with initiatives of relationship, production and consumption, that are sovereign, aware, communitarian and ecosystemic. Looking at the impacts of extractive activities also reminds us of the importance of auditing the impacts of oil exploitation and the urgency to articulate ourselves in order to prevent this logic from expanding towards the south-central Amazon with the new round of South-East tenders. As well as stopping mining concessions that would affect 15% of Ecuadorian territory.

• We welcome the statement of the Ombudsman of Ecuador and we call on the Ombudsmen in Latin America to support the indigenous peoples and peasant communities and urban areas in their actions in search of protection against the onslaught extractors and the demand for reparations for abuses already incurred.

• We call to the UN and especially to the workgroup that prepares the Agreement against Corporate Impunity to watch that the international human rights agreements are fulfilled and are binding so that they prevail over commercial agreements.

• We call on the population and social organizations of Ecuador and the world not to buy products or services of Chevron in rejection of their claim of impunity in the face of the damage left in the Ecuadorian Amazon. We must use the participation spaces for citizens in order to prevent transnational interests prevailing over human rights and nature.

• We demand that Ecuadorian judges fulfill their role of sovereign justice guarantors without political pressures. Chevron's demands against the Ecuadorian State must not be related to the demands of reparation and justice demanded by the affected communities.

• We demand that the Ecuadorian Assembly desists from the Free Trade Agreements with the European Union and with the EFTA now that the counterpart states have not ratified them; they must also prevent other TBIs and Free Trade Agreements from being negotiated.

• We demand that the national government do not allow any interference or pressure from the transnational lobby. That includes removing officials whose function is to defend Ecuador and have links with the company. All government efforts must focus on preventing this injustice to communities affected by extractivist voraciousness. This arbitral award does not proceed because the contract with the company ended in 1992 when the TBI had not been signed.

• We remind government decision makers that article 422 of the Constitution states that no international treaties or instruments may be held in which the Ecuadorian State give sovereign jurisdiction to instances of international arbitration, in contractual disputes or of a commercial nature between the State and private individuals or corporations.





Descarga carta completa aquí.


Texaco contra la vida
Desde 1964 y hasta 1992, el Estado ecuatoriano entregó, sin el consentimiento de sus habitantes, 500 mil hectáreas de selva, patrimonio biogenético y hogar de pueblos ancestrales, a la Corporación estadounidense Texaco.

Durante 26 años en Ecuador, la Texaco extrajo 1,5 mil millones de barriles de crudo, perforó 356 pozos, vertió en ríos y suelos toneladas de material y desechos tóxicos, arrojó más de 16 mil millones de galones de agua con desechos tóxicos cancerígenos.

Las actividades de la Texaco causaron graves daños en la población y en la naturaleza:

• Miles de casos de cáncer y otros problemas de salud degenerativos y discapacitantes.
• Contaminación de suelos y agua, lo que impide a las personas campesino-colonas y a comunidades Siona,
Siekopai, Kofán, Shuar, Waorani y Kichwa, producir sus alimentos y les obliga a comprar a altos precios el agua que antes obtenían de los ríos y vertientes.
• Debido a las concesiones en su territorio y a la creciente contaminación, una parte de la población de los pueblos originarios fueron desplazados de sus hogares
• El contacto forzoso especialmente por la construcción de carreteras para ampliar la frontera petrolera causó la extinción de los pueblos indígenas Tetete y Sansahuari.
• Se ejerció violencia contra mujeres y personas obreras de la empresa

Por esto, en 1993, 30.000 personas afectadas en el norte de la Amazonía ecuatoriana concretaron una demanda en los juzgados de Estados Unidos contra la transnacional. Este caso en las cortes se conoce como Aguinda vs. Texaco y se presentó a la par que la demanda de comunidades afectadas en Perú a la misma empresa,
caso conocido como Jota vs. Texaco.

Luego de diez años de procesos, la Corte estadounidense estipuló que la empresa se someta a las cortes
ecuatoriana y peruana respectivamente. Entonces, las comunidades ecuatorianas agrupadas en la UDAPT Unión
de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco, por trece años más lucharon por justicia en el caso llamado “Juicio del Siglo”.

En respuesta al juicio de las presonas afectadas, la Texaco empresa que desde el 2001 es filial de la corporación Rockefeller Chevron, arremetió con varias acciones:

1. demandó al Estado equatoriano en Nueva York en 2004 ganando el Estado ecuatorian este caso conocido como
Chevron I,
2. En diciembre del 2006 caso Chevron II, y en septiembre del 2009 caso Chevron III, la empresa llevó al Estado ecuatoriano a un tribunal de arbitraje en La Haya en base al Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TBI), firmado entre Estados Unidos y Ecuador en 1993 durante el gobierno neoliberal de Duran Ballen y vigente desde 1997-5 años después de que la petrolera terminara su contrato con el Estado ecuatoriano-;
3. Apeló la sentencia del 14 de febrero del 2011 dada por el Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos que le ordena pagar 9.500 millones por reparación de daños ambientales. Esta sentencia se ratificó en última instancia en la Corte Constitucional del Ecuador el pasado 10 de
julio;
4. Inició un juicio en EE.UU contra las personas afectadas acusándolas de extorsión y de usar medios corruptos, y,
5. Planteó más de 20 demandas en EE.UU contra las personas afectadas, buscando indicios para atacar a
quienes estimaron los daños.

Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y su función de protección de las corporaciones

Ecuador Decide, como plataforma de organizaciones sociales contra los Acuerdos Comerciales basados en el Libre Mercado, hemos alertado que los TBI son instrumentos de las transnacionales para acrecentar su monopolio, asegurar su impunidad frente a daños cometidos por su violencia y voracidad extractivista, y para que los gobiernos pongan a la estructura estatal a cargo de cuidar los intereses corporativos a cambio de favores económicos y políticos.

Los TBI fueron denunciados por la Asamblea ecuatoriana el 3 de mayo del 2017 en base a las recomendaciones de la Comisión de Auditoría Integral Ciudadana de los
Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional (CAITISA), pero sus efectos nefastos para el Ecuador siguen en varias
demandas empresariales contra el Estado ecuatoriano debido a una clausula de vigencia de 10 años luego de la denuncia. Están vigentes 26 demandas: el 50% en el área
petrolera, 19% en el área de electricidad y 12% en minería. El Estado ecuatoriano es demandado por 11.188´966.571 dólares. Hasta abril de 2017 el goibierno cuatoriano ha pagado a Oxy, a Chevron y a otras corporaciones 1.342 ´115.969 dólares y ha gastado 155´929.417 dólares en abogados internacionales.

El 10 de julio del 2018, la Corte Constitucional del Ecuador ratificó el fallo a favor de los afectados de Chevron-Texaco en el Juicio del Siglo, pese a las presiones del vicepresidente Estadounidense quien, en visita histórica al Ecuador, ofreció un Tratado de Libre Comercio (TLC) si el Ecuador eliminaba temas que calificó de “irritantes”, como el juicio de las personas afectadas por Chevron-Texaco,

Las presiones políticas de Texaco hacia los gobiernos de turno del Ecuador no son nuevas. En el año 1995, el gobierno de Duran Ballen-Dahik firmó el contrato para la remediación ambiental, en el cual el Estado libera a Texaco de responsabilidad y se compromete a no demandarla. En 1998, luego que Texaco, supuestamente había remediado el área que le correspondía, el Gobierno de Mahuad, firma el acta de finiquito en la cual ratifica la liberación de responsabilidades de Texaco. Todo esto sin consultar a las personas afectadas. En el año 2008, Chevron-Texaco consiguió que EE.UU amenazara con no renovar las preferencias arancelarias al Estado ecuatoriano si este no obtenía que las comunidades desistieran de su denuncia.

En 2016, para poder colocar bonos soberanos en el mercado financiero internacional, el gobierno ecuatoriano presionó a los afectados para que levantaran el embargo sobre los recursos que legalmente les correspondía. En julio del 2016, en el laudo arbitral conocido Chevron II, el Estado ecuatoriano pagó a la Chevron-Texaco 112 millones de dólares de indemnización por supuesta denegación de acceso a la justicia, pese a que en el discurso el gobierno de Correa llamaba a no transar con “la mano sucia” de Chevron. Dos meses después de que la Corte Constitucional del Ecuador ratificara el fallo a favor de los afectados de la Chevron-Texaco, el 7 de septiembre del 2018, el Tribunal de la Haya, en el laudo arbitral Chevron III sentencia al Estado ecuatoriano a asumir la remediacion de los daños provocados por la empresa y reparar a la población.

Pronunciamiento de Ecuador Decide

Las organizaciones sociales de Ecuador Decide y otras organizaciones que firmamos esta alerta pública, preocupadas por las acciones que las instituciones gubernamentales implementarán tras la decision de la Haya en el segundo Laudo Arbitral de Chevron contra Ecuador caso Chevron III, manifestamos que:

• Respaldamos la lucha histórica de la UDAPT la organización de las comunidades del norte de la Amazonía afectadas por la contaminación petrolera dejada por Chevron Texaco, que nos muestra los impactos del sistema económico depredador que debemos superar con iniciativas de relacionamiento, producción y consumo soberanas, conscientes, comunitarias y ecosistémicas. Mirar los impactos de las actividades extractivistas nos recuerda también la importancia de auditar los impactos de la explotación petrolera y la urgencia de articularnos para impedir que esta lógica se expanda hacia la Amazonía Centro Sur con la nueva ronda de licitaciones Sur-Oriente; así como detener las concesiones mineras que afectarían al 15% del territorio ecuatoriano.

• Saludamos el comunicado de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y llamamos a las Defensorías del Pueblo de América Latina a respaldar a los pueblos originarios y comunidades campesinas y urbanas en sus acciones en busca de protección ante los embates extractivistas y la demanda de reparación frente a abusos ya sufridos.

• Pedimos a la ONU y en especial al grupo de trabajo que prepara el Convenio contra la Impunidad Corporativa, vigilen que los convenios internacionales de Derechos
Humanos se cumplan y sean vinculantes para que prevalezcan frente a tratados comerciales.

• Llamamos a la población y organizaciones sociales del Ecuador y el mundo a no comprar productos y servicios de Chevron en rechazo a su pretensión de impunidad frente a los daños dejados en la Amazonía ecuatoriana. Nos corresponde ejercer los espacios ciudadanos de participación para impedir que los intereses transnacionales se impongan sobre los derechos humanos y de la naturaleza.

• Demandamos a los jueces ecuatorianos cumplir su rol de garantes de justicia de forma soberana sin presiones políticas. Las acciones de la empresa Chevron contra el Estado ecuatoriano no deben relacionarse con las demandas de reparación y justicia que exigen las comunidades afectadas.

• Exigimos a los y las asambleístas desistir de los Tratados de Libre Comercio con la UE y con la EFTA ahora que aun todos los otros estados contrapartes no los han ratificado; e impedir que se negocien otros TBIs y TLCs.

• Exigimos al Gobierno Nacional no permitir injerencia ni presión alguna del lobby transnacional, lo que incluye depurar funcionarios(as) de las instancias cuya función es defender al Ecuador y que tienen vinculación con la empresa. Todos los esfuerzos gubernamentales deben centrarse en impedir esta injusticia a las comunidades afectadas por la voracidad extractivista. Este laudo arbitral no procede porque el contrato con la empresa terminó en 1992 cuando no se habia firmado el TBI.

• Recordamos a los decisores gubernamentales que el Art. 422 de la Constitución señala que no se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y
personas naturales o jurídicas privadas.

FIRMAN:

Suscriben el comunicado las organizaciones de Ecuador Decide:

 Acción Ecológica ALAMES Ecuador Asociación de Bananeros Orenses Asociacion de Productores Forestales de Orellana APROFORES Asociación Ecuatoriana de Libre Pensamiento C-Condem CDES Centro de Documentacion en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo” Colectivo ART-OS Colectivo de Género, Acción y Política Comité Nacional de Víctimas, Comisión de la Verdad Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Comité Derechos Humanos de Shushufindi Comité de Derechos Humanos de Orellana Clínica Ambiental Ecuador Today ECUARUNARI Foro Salud Pública Ecuador Fundación Donum Fundación Pueblo Indio del Ecuador Fundación Savia Roja Fundación para la Nutrición y Servicios de Salud Integral del Ecuador. INREDH Instituto de Estudios Ecuatorianos Movimiento Nacional de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente Nosotros, Nosotras COMUNA OCARU Pacto Mundial Consciente Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo PIDHDD Plataforma por el Derecho a la Salud Red AGROECOLOGICA del Cañar Red de Líderes Angel Shingre Red de Promotores de Salud Campesinos del Ecuador Surkuna Tegantai, Agencia de Noticias Ecologistas Unión Tierra y Vida Yasunidos Cuenca Adhieren al comunicado las organizaciones fraternas: Asamblea Argentina Mejor sin TLCs Asamblea de los Pueblos del Sur, Ecuador Asociación Nacional de Industriales de Transformación, México Asociación por la Justicia ambiental, Argentina ATTAC Argentina ATTAC España ATTAC Francia Ciudadanos en apoyo a los Derechos Humanos México Colectiva Autonima Capital Regional Centro, Argentina Colectivo de Derechos Humanos de Sucumbíos Ecuador. Comisión de Solidaridad Argentinos de Pie Comision Internacional Interfranciscana de Justicia, Paz e Integridad con la Creación Comision Nacional de los Derechos Humanos de la Republica Dominicana Confederacion Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas CLAR Colectivo Tacuba México Chile mejor sin TLC Ecos del Saladillo Ecuador Frente Defensa del IESS, Ecuador Frente Auténtico del Tajo México Fronteras Comunes México Foro Salud, Perú Frente Defensa de la Salud, Ecuador Fundación Ecosur Argentina IDEMO México Intersindical Solidaria Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Desarrollo Alternativos ILSA La Cantera, Ecuador Liga del Cancer de Seno, Ecuador Minka Urbana, Ecuador Mujeres contando, Colectivo de Derechos y Comunicación Mujeres Supervivientes de Violencia de Género Observatorio del Derecho a la Ciudad, Argentina Observatorio Petrolero Sur, Argentina Or de Question, Francia Plataforma por la Salud y la Vida Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos México RecAlca Colombia Red Peruana por una Globalización con Equidad Adhesiones personales: David Barkin, Universidad Autonoma Metropolitana, México Laura Rangél Investigadora Feminista y Jurista, Colombia Nathalia Sierra, Investigadora y Docente PUCE, Ecuador Pablo Ospina Investigador y Docente Universidad Andina, Ecuador Annalisa Melandri, Periodista Activista por los Derechos Humanos, Italia Santiago Ortiz, Docente Investigador de FLACSO, Ecuador Luis Lafferriere, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina Pablo Cardoso Fernando Vega Rafaél Leon Pérez Pilar Puertas Antonio Turrent Marcelo Salvador Tohalli Morán Zaida Betancourth Jhovanny Toral Larry Lohoman, The Corner House, Reino Unido, Entrepueblos, Campanya Catalunya No als Tractats de Comerç i Inversió, Procés Constituent Catalunya, Médicus Mundi,  Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya, Luis Hernández Jover- Solidarios mayores España, Fernando Teran C. PASODEHU

lunes, septiembre 03, 2018

CARTA ABIERTA AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, ÍÑIGO SALVADOR

El día martes 7 de agosto del año en curso, usted señor Procurador hizo declaraciones públicas en el Canal Teleamazonas a propósito de una entrevista propiciada por la periodista Janeth Hinostroza. Durante su alocución informó respecto a varios juicios que la Procuraduría está enfrentando al momento, como el Arbitraje conocido como “Chevron II” y que se refiere a la demanda implantada (ilegalmente) por la petrolera en contra del Estado, pretendiendo que sean los ecuatorianos y ecuatorianas quienes paguemos por el crimen que ellos cometieron en las provincias de Orellana y Sucumbíos, lo que generó una sentencia que condena a la petrolera al pago de alrededor de 9.500 millones de dólares para la reparación de las zonas afectadas.

En sus declaraciones, usted asume la “alta” probabilidad de perder el juicio en el arbitraje internacional, lo que nos llama profundamente la atención, puesto que de inicio está poniendo en duda la capacidad de la Procuraduría de patrocinar efectivamente al Estado ecuatoriano, sobre todo en un caso que ha sido demostrado a la saciedad y jurídicamente que no tiene validez alguna. Sus declaraciones nos dejan dudas sobre su observancia a la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, Art. 2, en concordancia con el Art. 237 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece las competencias y obligaciones del Estado y sus intereses, siendo la principal de ellas el patrocinio del Estado ecuatoriano. Es decir, que la Procuraduría tiene la obligación de defender los intereses del Ecuador y sus habitantes.
Se deduce de su intervención que no está defendiendo los derechos ni intereses del Estado, sino preparando el escenario para un posible triunfo de la petrolera, lo que nos preocupa, sobre todo en el marco de una política gubernamental que no ha sido del todo clara en relación a la defensa de los intereses nacionales, con declaraciones públicas en favor de una negociación con la petrolera bajo el pretexto de atraer inversiones al país.
Pero no sólo eso. Ante una pregunta de la entrevistadora en  referencia al cometimiento de “una serie de irregularidades”, lo cual ha sido descartado totalmente en los tribunales de justicia, y que es la razón por la cual se podría perder el caso Chevron en tribunales internacionales, su respuesta fue que “eso es lo más probable”, lo que, en el mejor de los casos,  evidencia un gran desconocimiento del tema por su parte, o un preocupante desinterés por conocer la verdad que subsiste tras este complejo juicio, que le va a llevar a la convicción de que la razón es de los afectados y que su obligación es defender a la población ecuatoriana y al país.
Igual de lamentable es su referencia a que los casos no se ganan con publicidad, haciendo referencia a la campaña lanzada por el gobierno anterior, conocida como “La mano sucia de Chevron”. A este respecto debemos decir que si bien podemos estar en desacuerdo con aquella campaña, que tampoco favoreció a los demandantes ecuatorianos, su posición nos da cuenta de que desconoce los argumentos construidos por el propio Estado para defenderse en este caso y al parecer solamente cree en la campaña publicitaria y de lobby desatada por la petrolera.
Pero, si bien es grave lo que dijo, también lo es lo que no informó. Por ejemplo: que el arbitraje contra el Estado que aún está pendiente es producto de la firma de un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) suscrito en 1997 entre Ecuador y Estados Unidos de Norteamérica y aplicado de forma retroactiva; que según el informe presentado por la CAITISA, http://caitisa.org/ los TBI han generado un grave perjuicio económico al Ecuador; que en su demanda contra el Estado, Chevron ha exigido que se violen normas del Estado ecuatoriano y que se vulneren los derechos humanos, particularmente de las poblaciones afectadas, por su negligente operación; que en la demanda presentada por Chevron ante el Tribunal Arbitral no hay argumento jurídico alguno que no haya sido resuelto en otras instancias judiciales que han rechazado, por inconsistentes e improbables, sus pedidos; que la petrolera, durante esta demanda, ha cambiado innumerables veces el objeto de la misma a fin de ajustarla a sus intereses; entre otras múltiples ilegalidades frente a las que el Estado está en la obligación de defenderse.
Tampoco indica que según el informe del ISDS[1], aproximadamente el 70% de los casos que conocen los paneles de arbitraje, son resueltos en favor de las empresas transnacionales, pese a que muchas veces se demuestra la clara violación de los Derechos Humanos por parte de estas empresas. 
Por estas razones, rechazamos sus declaraciones señor Procurador y le exigimos que cumpla sus obligaciones en beneficio de los ecuatorianos y ecuatorianas. Desde la sociedad caminamos para el desmantelamiento de la estructura de impunidad que cobija a las transnacionales so pretexto de inversión. Los derechos humanos no pueden subordinarse a los intereses corporativos.
EXIGIMOS QUE EL ESTADO CUMPLA SU PAPEL GARANTIZANDO
JUSTICIA Y DERECHOS PARA LA POBLACIÓN

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                              [1] Ver informe aquí. https://www.tni.org/es/publicacion/isds-en-numeros

LEER CARTA COMPLETA AQUÍ

sábado, julio 07, 2018

ORGANIZACIONES SE ORGANIZAN PARA TOMAR ACCIONES Y DEFENDER EL CASO CHEVRON



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ORGANIZACIONES SE ORGANIZAN PARA TOMAR ACCIONES Y DEFENDER EL CASO CHEVRON.

Las organizaciones que forman parte de la Plataforma Ecuador Decide y la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), exhortan a la Corte Constitucional, para que  proceda a la notificación oficial, de la resolución adoptada por el Pleno, el miércoles 27 de junio de este año. Además demandan que la Corte actúe de manera inmediata y apegada al derecho.
Los directivos de las organizaciones consideran sospechoso que no se haya notificado la resolución a las partes en litigio.  Extra-oficialmente se conoció que lo resuelto por la Corte Constitucional favorece a los indígenas y campesinos afectados por la contaminación provocada por la petrolera, según han recogido varios medios de comunicación social del país, entre ellos Diario El Telégrafo.
De acuerdo a la información entregada por los propios funcionarios de la Corte Constitucional, al señor Humberto Piaguaje, directivo de la UDAPT, el fallo debió ser notificado máximo el día jueves 5 de julio del año en curso, lo que no ha ocurrido.  Esto obliga a la UDAPT a permanecer vigilantes, según manifestó Willian Lucitante, Coordinador Ejecutivo de la Unión de Afectados por Texaco, quien dio a conocer que están listos para adoptar medidas con el fin de defender sus derechos.
Los planteamientos de los afectados, son respaldados por la Plataforma Ecuador Decide y la CONAIE, que a través de sus representantes, expresaron su preocupación por la lentitud con la que opera la Corte Constitucional.  David Suárez, miembro de la Plataforma considera que es fundamental levantar alertas, puesto que históricamente, cuando se tratan temas comerciales o económicos entre Ecuador y Estados Unidos, siempre se mira al caso Chevron como el gran obstáculo para que los Estados avance con las negociaciones.
Ahora no es la excepción dijo  y puso como ejemplo que en el mes de septiembre del 2017, el señor Pablo Campana, Ministro de Comercio Exterior, informó que se reuniría con Chevron para solucionar el caso judicial, incluso rebasando sus competencias, puesto que el litigio contra la petrolera es un proceso privado entre los afectados y la transnacional y por tanto  el Gobierno ecuatoriano no tiene capacidad de intervenir en el mismo.
De acuerdo a la información brindada por Campana,  “resolver” el caso Chevron es un requerimiento de los Estados Unidos  para avanzar con las negociaciones comerciales que el Ecuador pretende lograr con ese país.  Los representantes de las organizaciones aseveran que que el caso Chevron habría sido uno de los temas que se trató en la reunión entre el señor Vicepresidente de los Estados Unidos del Norte de América. Mike Pence con el Gobierno Ecuatoriano, que se dio justamente el día en la Corte Constitucional resolvió la acción de protección sobre el Caso.
Dada la coyuntura, la plataforma Ecuador Decide y la CONAIE, consideran que existe un peligro inminente con la posición de Gobierno ecuatoriano y la falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte de la Corte Constitucional, por lo que se mantienen vigilantes sobre el proceso y se encuentra evaluando acciones tanto a nivel nacional como internacional para denunciar este preocupante hecho, que está poniendo en riesgo un litigio que se ha mantenido por 25 años, gracias a la lucha de los pueblos indígenas y campesinos, organizados en la UDAPT,, quienes han demostrado a nivel global su dignidad frente a las arremetidas de los poderes políticos como económicos de la multinacional y los gobiernos de los dos países.
Dejan en claro que el poder Ejecutivo no puede intervenir en la administración de Justicia, pero sobre todo que los representantes del Estado ecuatoriano no pueden negociar la dignidad de un pueblo, que ha probado hasta la saciedad y en todas las instancias legítimas, que el daño existe y que los impactos están atentando contra sus derechos fundamentales.  Negarles el derecho a acceder a la justicia sería un grave precedente para el sistema judicial ecuatoriano y en caso de ocurrir, deberá responder ante organismos internacionales.
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