Cuando la injusticia es negocio

Cómo las firmas de abogados, árbitros y financiadores alimentan el auge del arbitraje de inversiones

Cecilia Olivet Pia Eberhardt    Translator: Beatriz Martínez      13 de marzo del 2013

Una investigación que pone al descubierto un hermético club de abogados que está impulsando un auge de disputas inversor-Estado que benefician a las corporaciones multinacionales a expensas de la ciudadanía, el medio ambiente y los derechos humanos.
El reporte presenta nueva evidencia sobre:

• un grupo de 15 árbitros, conocidos como ‘la mafia interna’, casi todos ellos hombres y procedentes de Europa, los Estados Unidos o Canadá, que han resuelto el 55% de todas las disputas conocidas en base a tratados de inversión;
• las firmas de abogados que promueven demandas, a menudo en contra de países en crisis, y son en parte responsables de que el número de casos interpuestos por multinacionales contra Estados se haya multiplicado por doce desde 1996;
• los astronómicos costos legales y arbitrales, que se sitúan, como promedio, en más de 8 millones de dólares (aunque en algunos casos superen los 30 millones), pagados con los impuestos de los contribuyentes, incluso en países donde muchas personas carecen de acceso a servicios básicos .
• las actividades de cabildeo de las firmas de abogados especializadas en arbitraje y de los árbitros de élite, que han conseguido detener reformas de los acuerdos de inversión en la Unión Europea y los Estados Unidos en los últimos cuatro años.
• las compañías que especulan financiado controversias, como Juridica (Reino Unido), Burford (Estados Unidos) y Omni Bridgeway (Países Bajos), que no están sometidas a ningún tipo de regulación y se han convertido en una parte establecida de la industria del arbitraje internacional de inversiones, alimentando aún más el auge de los casos de arbitraje.

El informe arguye que la presunta imparcialidad e independencia del arbitraje de inversiones es totalmente ilusoria y presenta nuevos argumentos de por qué los gobiernos deberían rescindir los acuerdos vigentes y negarse a firmar nuevos tratados de inversión o, como mínimo, excluir de ellos las disposiciones que permiten a las compañías demandar a los Estados.

Gracias por ayudarnos a difundir el informe:    

Paulina Muñoz Samaniego
Vocera