En el marco da la Cumbre de los Pueblos realizada entre los días 25,
26 y 27 de Enero de 2013, en Santiago de Chile, las organizaciones y
movimientos sociales y políticos de los diferentes países de América
Latina, el Caribe y la Unión Europea declaramos lo siguiente:
Hoy, somos testigos de cómo los bienes naturales, los derechos y las
personas han sido mercantilizadas en las naciones y pueblos de América
Latina, Europa y el Caribe, producto de la lógica capitalista, que en
su vertiente neoliberal y machista, permite su instalación y
profundización a través de aparatos cívicos, políticos, militares.
Las relaciones existentes entre la Unión Europea y América Latina y
el Caribe que priorizan los privilegios y ganancias de los
inversionistas frente a los derechos de los pueblos a través de acuerdos
comerciales y acuerdos bilaterales de inversiones, profundizan este
modelo que perjudica a los pueblos de ambas regiones.
Es así, que estos Estados mercantilistas, las transnacionales y las
corporaciones continúan siendo administradores y profundizadores de la
pobreza y la desigualdad social en el mundo, amparados por un tipo de
democracia representativa, de mano de la elite, que se aleja de los
intereses de las grandes mayorías de nuestro pueblo.
Esta hegemonía del capital financiero se manifiesta entre otros en
la privatización y mercantilización de los servicios públicos, el
desmantelamiento del Estado de bienestar, la precarización del trabajo,
el extractivismo, la usurpación, la destrucción y mercantilización de
los bienes naturales y sociales propios del pueblo y el desplazamiento
forzoso de los pueblos originarios, provocando las crisis alimentarias,
energéticas, climáticas.
En la Unión Europea la crisis capitalista ha significado un verdadero
golpe de estado financiero que ha impuesto políticas de austeridad en
contra de los derechos de los pueblos, de los derechos laborales,
ambientales, etc. La troika europea (FMI, BCE, Comisión Europea) obliga
los estados a endeudarse para salvar los bancos para que seamos los
pueblos los que paguen la crisis provocada por ellos mismo.
Al mismo, es necesario visibilizar la creciente opresión y
discriminación hacia las mujeres en América Latina, el Caribe y Europa.
No obstante, a este panorama que parece adverso, reconocemos procesos
históricos y recientes a partir de las luchas de nuestros pueblos en el
mundo, que han logrado tensionar y agrietar las actuales lógicas y nos
dan la esperanza de que otro mundo es posible.
De este modo, surge la necesidad de construir las bases para un nuevo
modelo de sociedad que transforme las actuales lógicas y coordenadas
políticas, económicas, sociales y culturales en todas nuestras naciones y
pueblos de ambos lados del continente las luchas de los diferentes
actores y organizaciones del campo popular.
Para alcanzar estos objetivos proponemos que:
Los derechos y bienes naturales arrebatados a nuestro pueblo deben
ser recuperados, por medio de la nacionalización, la comunitarización
de los bienes y servicios y los medios de producción y el
reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujeto de derecho.
Esto implica pasar de ser resistencia y movimientos reivindicativos a
una alternativa que contenga una propuesta política-social integral de
país.
Promover el paradigma del buen vivir basado en equilibrio del ser
humano con la naturaleza y el medio ambiente y los derechos de la
tierra, al servicio de los pueblos, con una economía plural y solidaria.
Democracia directa, participativa y popular y su concretización desde
las bases sociales. Para ello, es necesario la integración de actores
sociales y políticos del mundo, valorando prácticas territoriales y
haciendo el dialogo entre las instancias locales y globales.
Promover la integración en la participación política de los niños y
niñas y las juventudes, desde un enfoque de género. Respeto a la libre
determinación de los pueblos originarios del mundo, entendiéndolos como
pueblos hermanos no sometidos a la territorialidad impuesta por la
colonización. Esto, sumando a la promoción de la soberanía alimentaria
en perspectiva de una autotomía territorial que a los pueblos y
comunidades decidir qué y cómo producirlo.
En cuanto al avance de la represión y la criminalización de la
protesta, movimientos sociales y populares, debemos articularnos de tal
manera de generar la fuerza necesaria para frenar el avance de leyes
antiterroristas y la inserción en las comunidades indígenas de nuestros
pueblos, como a su vez la militarización imperialista que ha instalado
bases militares en America Latina, Europa y el Caribe.
Sensibilizar, agitar y promover luchas contra las transnacionales, mediante campaña de denuncias y biocot en todos los niveles.
Posicionar el feminismo con un proyecto político antipatriarcal y
anticapitalista. Reconocer y promover los derechos de los migrantes y
los derechos de los pueblos de libre tránsito entre las naciones.
Plena solidaridad con el pueblo Palestino y todos aquellos pueblos y
naciones oprimidos por el poder colonizador y el imperialismo, así como
el repudio a las intervenciones cívicos-militares en Honduras, Haití y
Paraguay. Apoyamos los procesos de paz, con la participación de los
actores sociales y políticos en Colombia. Solidaridad con el pueblo
cubano en contra del bloqueo, con Argentina en el proceso de
recuperación de las Malvinas, con Bolivia y su demanda por salida al
mar, con el pueblo Venezolano en el proceso Bolivariano y con los
movimientos sociales en Grecia y España. En el caso de Chile,
solidaridad con el movimiento estudiantil en defensa de la educación
pública, gratuita y con el pueblo-nación mapuche contra la represión
realizada de parte del Estado.
Acompañando la lucha por la soberanía de nuestros territorios en
América Latina, es necesario luchar por el respeto de la soberanía de
nuestro cuerpo como territorio propio de las mujeres.
Entendemos que la superación de la precarización laboral a la que se
ven expuestos las mayorías de trabajadores en América Lantina y el
mundo, pasa por un cambio estructural que altere las relaciones de
propiedad y producción de bienes y servicios valorando la labor esencial
que desempeñan los trabajadores y trabajadoras como sustento sobre el
cual se construye toda sociedad.
De manera transversal, debemos avanzar en la construcción de
plataformas de lucha comunicacional que no sólo permitan develar y
difundir las demandas y alternativas de nuestros pueblos frente al
modelo hegemónico, sino también como forma de explicar las verdaderas
causas de los problemas que hoy nos aquejan.
Debemos ser capaces de construir demandas unitarias que aglutinen a
todos los actores sociales y pueblos en disputa y que a su vez nos
permitan trazar un horizonte estratégico hacia el cual avanzar,
articulando y organizando la unidad entre el movimiento sindical, social
y político en América Latina, el Caribe y Europa. Esto debiera
traducirse en una hoja de ruta de trabajo y de movilizaciones para el
presente periodo, pero con perspectivas a largo plazo.
Al mismo tiempo, fortalecer la organización social y popular en cada
sector de inserción, potenciando la amplificación de nuestras demandas a
las grandes mayorías por medio de la politización y la movilización.
No podemos dividir más las instancias organizativas en las que
estamos, conducir hacia un proyecto en la diversidad es el mayor desafío
que se nos presenta para la generación de una alternativa real de poder
popular. Romper con los sectarismos que fragmentan, dividen e impiden
la construcción de unidad del campo popular, es una tarea urgente.
Frente al poder del bloque dominante sólo la unidad y la solidaridad
entre nuestros pueblos nos darán la fuerza necesaria para alcanzar
nuestros más alto objetivos y vencer.
Santiago de Chile, Enero 2013
Fuente: http://cumbrechile2013.org/declaracion-cumbre-de-los-pueblos-santiago-de-chile/
martes, enero 29, 2013
lunes, noviembre 05, 2012
CIADI condena a Ecuador a pagar 1,700 millones de dólares a Occidental Petroleum Corporation – Entrevista con la Red Ecuador Decide
Octubre de 2012
Por la Red por la Justicia Social en la Inversión Glogal
En
las últimas semanas una noticia ha tenido muy preocupada a las
autoridades ecuatorianas y a la sociedad civil en general. La noticia es
que el estado ecuatoriano ha sido condenado a pagar 1,700 millones de
dólares más intereses a la compañía estadounidense Occidental Petroleum
Corporation (Oxy) por haber cancelado su contrato de operaciones en
2006. El argumento de las autoridades en ese entonces fue que la
compañía había transferido de manera ilegal una parte de sus derechos a
una empresa canadiense. Inmediatamente Oxy demandó al país bajo el TBI
Ecuador-EE.UU. en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a las Inversiones-CIADI, cuyo fallo a principios de Octubre de
este año fue a favor de la empresa. Ante este hecho gobierno del
Ecuador apeló la decisión de este tribunal, una acción legal cuya
resolución podría demorar muchos meses y que con seguridad le constará
al estado ecuatoriano muchos miles de dólares en intereses y honorarios
de abogados defensores.
En ese sentido, la RJSIG contactó a la organización Ecuador Decide para conocer su perspectiva acerca de este caso. Ecuador Decide es una red integrada por una diversidad de organizaciones sociales que se formó el 2004 para detener la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y los Estados Unidos. Actualmente, entre otras actividades, hace seguimiento a las actuales negociaciones del Acuerdo de Asociación de Ecuador con la Unión Europea, que a criterio de la red, es un Tratado de Libre Comercio encubierto.
La entrevista fue concedida por Pablo José Iturralde Ruiz, que es parte del colectivo de Ecuador Decide e investigador del Centro de Derechos Económicos y Sociales- CDES. El objetivo de la conversación fue explorar los antecedentes del caso, las reacciones de las organizaciones sociales ante este fallo, las posibles articulaciones y acciones, los costos sociales que significarían pagar este monto de dinero, y por último, revisar la política de inversiones del gobierno en las actuales negociaciones de acuerdos comerciales y de inversión en las que está involucrado.
Red por la Justicia en las Inversiones Sociales (RJSIG): Pablo, ¿Podrías por favor comentarnos acerca de los antecedentes del caso Oxy vs Ecuador, y el rol de las organizaciones sociales en este conflicto?
Ecuador Decide (ED): El 2005, las organizaciones y los movimientos sociales se organizaron alrededor de lo que se llamaba la Asamblea Biprovincial. Esta Asamblea supo movilizar a las organizaciones y llevaron a las provincias de Orellana y Sucumbíos, provincias amazónicas y petroleras, a un levantamiento que fue fuertemente reprimido, y que puso en el debate nacional el problema con la compañía Occidental.
El argumento legal de las organizaciones era que se había realizado un traspaso de derechos ilegal (de Oxy a otra compañía), sin consultar a la autoridad pública del Ecuador. Ese era el argumento legal, pero había exigencias de las organizaciones sociales respecto del incumplimiento de la empresa de normas ambientales y de impactos sociales negativos. Además que se exigía que parte de la renta que estaba generando la empresa Oxy, sea redistribuida para que beneficie a las provincias de Sucumbíos, Orellana, y también Napo, que son provincias amazónicas influenciadas por la actividad petrolera y que constituyen la región más pobre del país.
De esa manera, el movimiento indígena y el movimiento campesino, que en ese tiempo llevaban la vanguardia de las reivindicaciones sociales nacionales, incorporaron dentro de sus reivindicaciones la caducidad (de operaciones) de la Oxy. Recogiendo esa reivindicación y las otras reivindicaciones del movimiento indígena, como el rechazo a cualquier Tratado de Libre Comercio, el entonces candidato presidencial Rafael Correa hizo sus propuestas de campaña y llegó a la presidencia.
La declaración de caducidad del contrato de Oxy y el traspaso de su producción a la empresa pública Petroamazonas el 2006 es un hito que marcó un giro importante en la política petrolera del país. A partir de ahí la participación del estado en los recursos hidrocarburíferos ha ido creciendo, el estado ha participado más.
Entrevista completa.......
Por la Red por la Justicia Social en la Inversión Glogal
En ese sentido, la RJSIG contactó a la organización Ecuador Decide para conocer su perspectiva acerca de este caso. Ecuador Decide es una red integrada por una diversidad de organizaciones sociales que se formó el 2004 para detener la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y los Estados Unidos. Actualmente, entre otras actividades, hace seguimiento a las actuales negociaciones del Acuerdo de Asociación de Ecuador con la Unión Europea, que a criterio de la red, es un Tratado de Libre Comercio encubierto.
La entrevista fue concedida por Pablo José Iturralde Ruiz, que es parte del colectivo de Ecuador Decide e investigador del Centro de Derechos Económicos y Sociales- CDES. El objetivo de la conversación fue explorar los antecedentes del caso, las reacciones de las organizaciones sociales ante este fallo, las posibles articulaciones y acciones, los costos sociales que significarían pagar este monto de dinero, y por último, revisar la política de inversiones del gobierno en las actuales negociaciones de acuerdos comerciales y de inversión en las que está involucrado.
Red por la Justicia en las Inversiones Sociales (RJSIG): Pablo, ¿Podrías por favor comentarnos acerca de los antecedentes del caso Oxy vs Ecuador, y el rol de las organizaciones sociales en este conflicto?
Ecuador Decide (ED): El 2005, las organizaciones y los movimientos sociales se organizaron alrededor de lo que se llamaba la Asamblea Biprovincial. Esta Asamblea supo movilizar a las organizaciones y llevaron a las provincias de Orellana y Sucumbíos, provincias amazónicas y petroleras, a un levantamiento que fue fuertemente reprimido, y que puso en el debate nacional el problema con la compañía Occidental.
El argumento legal de las organizaciones era que se había realizado un traspaso de derechos ilegal (de Oxy a otra compañía), sin consultar a la autoridad pública del Ecuador. Ese era el argumento legal, pero había exigencias de las organizaciones sociales respecto del incumplimiento de la empresa de normas ambientales y de impactos sociales negativos. Además que se exigía que parte de la renta que estaba generando la empresa Oxy, sea redistribuida para que beneficie a las provincias de Sucumbíos, Orellana, y también Napo, que son provincias amazónicas influenciadas por la actividad petrolera y que constituyen la región más pobre del país.
De esa manera, el movimiento indígena y el movimiento campesino, que en ese tiempo llevaban la vanguardia de las reivindicaciones sociales nacionales, incorporaron dentro de sus reivindicaciones la caducidad (de operaciones) de la Oxy. Recogiendo esa reivindicación y las otras reivindicaciones del movimiento indígena, como el rechazo a cualquier Tratado de Libre Comercio, el entonces candidato presidencial Rafael Correa hizo sus propuestas de campaña y llegó a la presidencia.
La declaración de caducidad del contrato de Oxy y el traspaso de su producción a la empresa pública Petroamazonas el 2006 es un hito que marcó un giro importante en la política petrolera del país. A partir de ahí la participación del estado en los recursos hidrocarburíferos ha ido creciendo, el estado ha participado más.
Entrevista completa.......
lunes, octubre 15, 2012
Carta al Sr. Presidente Rafael Correa Delgado frente a las irregularidades en negociación TLC UE
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Carta completa: https://docs.google.com/open?id=0B9o6rEg7TF-dNHdXVE1Eemctbkk
Quito, 19 de diciembre de
2011
Señor Economista
Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
Presente
En representación de la
red de organizaciones sociales Ecuador Decide, me dirijo a usted para
expresar lo siguiente:
Una vez verificadas
varias irregularidades en el proceso de negociación o conversaciones
respecto del TLC o “Acuerdo de Asociación” que mantiene
Ecuador con la Unión Europea, bajo la responsabilidad del equipo
negociador y varios ministros/as, desde los derechos constitucionales
que nos asisten, nos hemos dirigido públicamente solicitando
información que clarifique dichas irregularidades, así como
documentación que garantice el cumplimiento de la posición oficial
de rechazo a los TLCs.
Con
fecha 30 de mayo nos dirigimos a usted solicitando, entre otras
cosas, que pida “Transparentar la información sobre cada uno de
los temas propuestos en las negociaciones y exigir a la ex Ministra
Cely y al Jefe negociador Méntor Villagómez, un informe veraz de
las conversaciones mantenidas en Bruselas”
El 14
de septiembre, ante la Asamblea Legislativa presentamos un pedido de
llamado a informar a los y las funcionar@s involucrados en la
negociación, mediante documento “DENUNCIA Y SOLICITUD A LA
ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA SOBRE EL PROCESO DE LAS NEGOCIACIONES
COMERCIALES CON LA UNIÓN EUROPEA” debidamente documentado.
Carta completa: https://docs.google.com/open?id=0B9o6rEg7TF-dNHdXVE1Eemctbkk
Organizaciones dicen ‘no’ a los acuerdos UE-Colombia, Perú y Centroamérica
La
comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara se pronuncia
hoy
Una
decena de organizaciones como Oidhaco, el Centro Europeo para los
Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR) o Enlazando Alternativas,
han pedido hoy a la UE que no firme el Tratado de Libre Comercio con
Perú y Colombia ni el Acuerdo de Asociación con Centroamérica.
Argumentan que los ciudadanos van a salir perjudicados y que primero
deben respetarse los derechos humanos y laborales en países como
Colombia.
Beatriz
Manrique
Bruselas
- 10 Octubre 2012
La
comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo votará
esta tarde el TLC entre la UE y Perú y Colombia, así como el
Acuerdo con Centroamérica. El Pleno de la Eurocámara se pronunciará
antes de fin de año sobre ambos textos, y los jefes de Estado y de
Gobierno de ambas regiones los firmarán formalmente en la Cumbre
UE-CELAC que tendrá lugar en Santiago de Chile en enero de 2013.
Con el tiempo a contracorriente, numerosas organizaciones de la sociedad civil han alzado hoy la voz en Bruselas en contra de ambos acuerdos. Lamentan que los ciudadanos europeos y latinoamericanos sean los que vayan a salir perjudicados.
Lourdes Castro, experta en relaciones comerciales UE-América Latina, ha advertido de que los países latinoamericanos serán los grandes perdedores ya que los acuerdos son “totalmente asimétricos”. En concreto, ha subrayado que los proveedores de servicios locales de América Latina deberán competir con los europeos de igual a igual, pese a que las condiciones de una y otra parte están diferenciadas.
Asimismo, ha señalado que el sector lácteo europeo exportará a Colombia y Perú provocando un “desplazamiento de los mercados internos centroamericanos y andinos, afectando a los productores locales”, ha denunciado.
Por su parte, Luis Barbarán, de la asociación ‘El Andino’, ha advertido del peligro que suponen los acuerdos para los pueblos indígenas, puesto que los recursos naturales se verán afectados.
Trabajadores
Desde la Confederación de Trabajadores de Colombia, su director de Relaciones Internacionales, Tarciso Mora, ha señalado que los tratados no crearán más puestos de trabajo en Europa, sino que se perderán miles dado que las empresas se trasladarán a los países latinoamericanos para producir de forma más barata.
Otra de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa ha sido la situación de los sindicalistas en Colombia, donde en los últimos 25 años han sido asesinados 3.000 dirigentes, ha denunciado Mora. En esta línea, Wolfgang Kaleck, secretario general y cofundador del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), se ha preguntado “cómo la Unión Europea puede firmar un Tratado de Libre Comercio con el país dónde más asesinatos de sindicalistas hay”.
Precisamente la comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara aprobó a finales de mayo una resolución para que Colombia y Perú establezcan una hoja de ruta “vinculante y transparente” con el fin de garantizar los derechos laborales, humanos y del medio ambiente. El objetivo es presionar a los dos países para que intensifiquen sus esfuerzos, ya que eurodiputados han mostrado su preocupación por la situación de los derechos de los trabajadores, en concreto, de los sindicalistas en Colombia.
Kaleck ha insistido en que la Corte Penal Internacional debe intervenir a este respecto puesto que el número de asesinatos de sindicalistas en Colombia alcanza el umbral de los crímenes de lesa humanidad. A su vez, ha instado a la UE a que no firme el TLC con Bogotá para presionar más al país a que se investiguen dichos asesinatos, ya que el 92% no están siendo evaluados.
En los próximos meses la Eurocámara votará ambos acuerdos, y está previsto que los respalde. Sus defensores señalan que favorecerá un incremento comercial entre ambas partes ya que eliminará los altos aranceles, resolverá las barreras técnicas al comercio, liberalizará el mercado de servicios, abrirá los mercados de contratación pública e incluirá compromisos sobre la aplicación de las normas laborales y medioambientales.
En el caso del TLC con Perú y Colombia, BusinessEurope, la organización patronal europea, ha subrayado que la reducción de los aranceles provocará un ahorro anual de 270 millones de euros. Además, ha recordado que habrá un mayor acceso a los mercados agrícolas, industrial y de servicios de ambas regiones. Sobre los derechos de los trabajadores, según BusinessEurope, los acuerdos garantizan un respeto de los derechos humanos y laborales.
lunes, octubre 08, 2012
Decidiendo Nuestro Futuro: ¡No al tratado de libre comercio con la UE¡
Bogotá y Lima, el 1
de Septiembre
Las
organizaciones de Derechos Humanos, sindicales, campesinas,
indígenas, afro-descendientes, víctimas de conflicto armado,
estudiantiles, de genero, medioambientales y de desarrollo abajo
firmantes deseamos una transformación en las relaciones de la Unión
Europea (UE) con América Latina. Defendemos unas relaciones
comerciales basadas en la complementariedad
y el desarrollo inclusivo de las regiones desde un enfoque de
derechos; creemos que el Tratado de Libre
Comercio negociado por la UE con Perú y Colombia, y propuesto para
Ecuador y Bolivia, va en una dirección contraria, teniendo en cuenta
que:
- Existen diferencias abismales entre las economías y los niveles de desarrollo de Europa y los países andinos. Estas asimetrías hacen que el actor más fuerte, en este caso la UE, pueda imponer sus condiciones en beneficio de sus intereses (particularmente corporativos), aplicando normas que limitan la capacidad de los países para definir su modelo de desarrollo y, en consecuencia, el bienestar de las mayorías tanto en Europa como en los países andinos.
- El acuerdo entre la UE y los países andinos fue negociado antes de la implosión de la crisis europea. En el momento actual, el acuerdo propone soluciones - como la liberalización de los servicios financieros- que profundizan el mismo modelo en cuestión, . De esta manera, se pone hoy en peligro la existencia de los servicios públicos como la salud, educación, etc. abriendo las compras publicas a las empresas transnacionales en detrimento de las empresas locales
- El acuerdo profundizaría el modelo minero extractivista y el carácter exportador de materias primas de Colombia y Perú, con graves consecuencias ambientales y sociales, así como sobre los territorios y comunidades, que no han sido tomadas en cuenta en el Acuerdo negociado. Lo anterior para garantizar el abastecimiento de la Union europea en minerales y energia a bajo costo.
- El Acuerdo de libre comercio privilegia la seguridad de los inversionistas en detrimento de los derechos y el desarrollo de los pueblos latinoamericanos. Las disposiciones sobre derechos humanos son inoperantes como lo fueron las que están en vigor actualmente Además los beneficios que obtendrían las empresas europeas no se revierten en mayor bienestar y cumplimiento de los derechos económicos y sociales para las/los ciudadanas/os.
- Estos acuerdos se negociaron a espaldas de los pueblos afectados tanto de América Latina como de Europa, en medio de conflictos sociales intensos. Y por ende no toman en cuenta sus opiniones, preocupaciones o intereses.
Para
ejemplificar lo anterior algunos ejemplos de los posibles efectos
agravantes de los acuerdos negociados – podemos subayar que:
- En Colombia cerca de la mitad de los pueblos indígenas están en vías de extinción debido en gran parte al desarrollo de proyectos económicos (principalmente industrias extractivas y agroindustria) en sus territorios. El TLC entre la UE Colombia y Perú, como bien dice el estudio encargado por la Comision europea, tendrá como impacto el aumento de la presión sobre la tierra y, por ende, contribuirá en ese exterminio. Las organizaciones de los pueblos indígenas estuvieron reiteradamente en el Parlamento Europeo denunciando esta situación, pero vemos que sus denuncias no han sido tomadas en cuenta hasta ahora.
- El Tratado negociado amenaza gravemente la soberanía y seguridad alimentarias: se han demostrado los impactos nefastos en el sector lechero para los pequeños productores de los diferentes países. El impulso a los proyectos de agroindustria y principalmente a la producción de palma y caña, materias primas para agrocombustibles, implica una modificación del uso de los suelos, un debilitamiento del sector campesino y el desplazamiento de comunidades indígenas y afrocolombianas.
- Colombia exporta el 94% de su carbón y la UE es el primer importador. La mayor cantidad de carbón se extrae en los departamentos de Guajira y Cesar. El 67% fue extraído por transnacionales europeas y esta cifra aumentaria si se da mas privilegios a los inversionistas, tal como lo prevé el TLC. Colombia es el país con los costos de operación más bajos del continente. De este negocio, a Colombia sólo le queda la afectación ambiental, social y económica. La Contraloría General ha demostrado que las empresas transnacionales no pagan lo establecido por la ley. Ninguna norma del TLC permite responsabilizar y controlar a estas empresas. Por el contrario, las empresas multinacionales podrán demandar al Estado colombiano si éste se negara a expedir las licencias ambientales para la explotación minera, argumentando que es una restricción injustificada a la inversión.
- En Perú y Colombia, los proyectos mineros no han tenido en cuenta los impactos ambientales y sociales, como se refleja en los casos de Cajamarca (Perú) y Santurbán (Colombia), ubicados en zonas donde hay nacimientos de agua y han generado el rechazo de las comunidades de la región.
La
situación y los impactos de este tratado de libre comercio sobre la
población en general y particularmente para las comunidades
campesinas, los pueblos indígenas, afrocolombianos y las mujeres de
ninguna manera se resuelven con una Hoja de Ruta limitada y sin
fuerza vinculante con los acuerdos. En un recién informe encargado
por el Parlamento Europeo, académicos del Reino Unido concluyen que
“no hay ningún mecanismo específico para vigilar la aplicación
de la cláusula de derechos humanos, ni un Subcomité dedicado al
monitoreo de los derechos humanos y cuestiones de la democracia".
Igualmente subraya que “contrariamente a la posición del
Parlamento Europeo, el Acuerdo contiene sólo limitadas referencias
a la responsabilidad social corporativa (como área de cooperación).
Tampoco hace ninguna referencia al Convenio 169 de la OIT sobre
derechos indígenas y tribales, a la cual el SIA (Estudio de Impacto
de Sostenibilidad) hace referencia"
Por
estas razones y otras más, nosotras-os como organizaciones de
Colombia, Perú y Ecuador, sumándonos así a numerosos sectores, les
solicitamos votar por la NO ratificación
de este Tratado.
Organizaciones
de Colombia y Perú
Asesoría a
Proyectos de Desarrollo Integral Comunitarios -APRODIC-
Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz
ASCADES -
Putumayo
Asesorías a
Proyectos de Desarrollo Integral Comunitarios -APRODIC
Asociación
agroecológica Esther Cayapú. ASUAESCA - Trujillo - Valle.
"Asociacion
antioquena de Ligas de Usuarios de Servicios Publicos"
Asociación
campesina “Huerto Renacer”-Tequendama - sucre - Cauca
Asociación
Campesina de Desarrollo Sostenible San Salvador.
Asociación
de Productores y Procesadores “Camino al Futuro” - ASPROCAF -
Putumayo
Asociación
de Productores y Procesadores “Semillas de Paz” -
ASPROSEPAZ-Putumayo
Asociación
de Víctimas de la Violencia de Riosucio, CLAMORES
Asociación
de Zonas Humanitarias y de Biodiversidad de la cuenca del
Jiguamiandó, y Curvaradó-Chocó
"Asopublico"
Cabildo
Mayor Indígena de los Resguardos Rio Murindó y Turriquitadó
Chageradó Del Pueblo Embera Katio
CENSAT Agua
Viva -Amigos de la Tierra Colombia
CINEP/Programa
por la Paz
Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo
Comisión
Colombiana de Juristas
Comunidad de
Vida y Trabajo “La Balsita”-Dabeiba
Comunidad
indígena de Juin Phubuur-Chocó
Comunidades
de Autodeterminación Vida y Dignidad – CAVIDA-Chocó
Consejo
comunitario de la comunidad negra del rio Naya - Valle
Convenio
Onic - Aecid - Mundubat
Coordinación
Colombia Europa Estados Unidos
CORPOCEIBA
Corporación
Comunitar
CORPORACIÓN
COMUNITAR-RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES REGIONAL CAUCA
Corporacion
Yurupari
Croporacion
Yurupari
Escuela-Taller
Ullucos Zonas de Encuentro, Autonomía y Resistencia indígena
Nasa-Resguardo de San Francisco - Toribío -Cauca
Espacio
Humanitario Ambiental - So Bia Drua, Pueblo Embera Katio
Familiares
de víctimas de San Antonio - Inzá - Cauca
Familias
campesinas vereda Guadalupe, corregimiento Perla Amazónica –
Putumayo.
Familias
campesinas vereda Puerto Playa, corregimiento Perla Amazónica –
Putumayo.
Familias
desplazadas pro-retorno de Argelia-Cauca
FEDERACION
NACIONAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS
Fundación
Estrella Orográfica del Macizo Colombiano-FUNDECIMA
Grupo
porvenir–Zona de biodiversidad de Ancurá–Putumayo.
Grupo
Semillas
JUBCA.
Jóvenes unidos por el Bajo Calima-Valle
Juventud
Raíces de Dignidad Perla Amazónica. JURADIPA - Putumayo
Kwe´sx
ksxa´w. Consejo Regional Nación Nasa del departamento del Putumayo.
Organización
campesina de sucre BIENANDANTES-Cauca
Proceso de
Comunidades Negras
Red
Colombiana de Acción frente al Libre Comercio
Red de
Alternativas a la Impunidad y Globalización del Mercado
Red
Ecumenica de Colombia
Resguardo De
Chidima- Tolo, Jurisdicción Acandi- Departamento Chocó, Pueblo
Embera Katio
Resguardo
Indígena de Urada Jiguamiandó-Chocó
Resguardo
indígena Santa Rosa Guayacán Pueblo Nonaam - Valle
Resguardo
Urada Jiguamiandó, Pueblo Embera Katio
SINALTRAINAL
Sintrabienestar
Zona de
Reserva Campesina Perla Amazónica – ADISPA- Putumayo
Zona
Humanitaria CIVIPAZ, Medellín del Ariari – Meta
Asamblea de
ciudadanos cono sur- capítulo Perú
Asociacion
de Defensa de la Vida, ADEVI
Federación
de mujeres peruanas Todas somos Micaelas.
Grito de los
excluidos - capítulo Perú
Grupo de
Iniciativa de Economia Solidaria GIES Canchis Csuco, Perú
Las
organizaciones de América Latina y Europa apoyan los argumentos y la
solicitud de las organizaciones de Colombia y Perú, presentadas en
este mensaje:
América
Latina
Colectivo de
Genero Accion Política de Ecuador
Agrup
Agustín Tosco-Río Segundo-Córdoba,
Agrup.Sindical
Tolo Arce-ATE-SENASA
Agrupación
“Germán Abdala” – ATE-Ministerio de Trabajo de la Nación.
Argentina
Agrupación
Martín Fierro
Alianza
Mexicana por la Autodeterminacion de los Pueblos (AMAP)
Alianza
Social Continental
Amigos da
Terra Brasil
Amigos de la
Tierra America Latina y el Caribe
Asamblea
Ciudadana del Cono Sur
ASOCIACION
DE PRODUCTORES BANANEROS ORENSES Ecuador
Bia´lii,
Asesoría e Investigación, A.C (México)
Biblioteca
Popular Fernando Jara-Cipoletti-Río Negro
COECOCEIBA-Amigos
de la Tierra Costa Rica
Comite de
Mujeres-Alianza Social Continental
Commission
Justice et Paix Belgique francophone
Comunidad
Campesina de Tratagal-Salta
Coordinadora
política de mujeres ecuatorianas
Coordinadora
Andina de Organizaciones - CAOI
Democracia
Popular-Rosario
DESDE UNIÓN
UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO
Ecuador
Decide
FeTERA Flores
Foro
Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos
FRENVIDAS -
Frente Nacional por la Vida y la Soberania
Ingenieria
sin Fronteras Asturias
Movimiento
de Trabajadores Desocupados Flamarión-Rosario
Plataforma
Interamericana de Derechos Humanos
Plate-forme
haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif
Plate-forme
haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA)
Red Mexicana
de Accion frente al Libre Comercio (RMALC)
Red
Nicaraguense de Comercio Comunitario
REDES Amigos
de la Tierra Uruguay
Tlaxcala, la
red internacional de traductores por la diversidad lingüística
Traversees
Unión de
Trabajadores de la Provincia de Chubut
UNION
NACIONAL DE EDUCADORES
Europa
Association
France Amerique Latine -Lyon-
Alianza
zapatista de liberación social
ALOP
Asociación
Ciac
Asociación
Jambo
Asociacion
Libera-Italia
ASOCIACION
PAZ CON DIGNIDAD- ESPAÑA
ASOCIACION
PAZ CON DIGNIDAD- ESPAÑA
ATTAC France
ATTAC Norway
CEAR
Center for
Encounter and active Non-Violence, Austria
Commission
Justice et Paix Belgique francophone
Comité
Oscar Romero
Comité de
Solidaridad Internacionalista de Zaragoza
Coordinadora
Estatal de Solidaridad con Cuba-Madrid
Ecologistas
en Acción
Entre
Pueblos
Euskadi-Cuba
FDCL
Grupo de
Información sobre América Latina (IGLA)*, Viena, Austria
IEPALA
Informationsgruppe
Lateinamerika
Instituto
Hegoa -Universidad Pais Vasco
Justicia por
Colombia (Espana)
La Pluma
(www.lapluma.net) - Agencia de Pueblos en Pie, Francia
Latin
American Solidarity Centre de Irlanda
Les Amis de
la Terre France
MundubatEuropa
Association
France Amerique Latine -Lyon-
Alianza
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lunes, septiembre 03, 2012
Carabelas 2012 web 28 junio
from the European Union "trade" agreement with Central America to the Rio +20 "Green Economy" imposition on the planet, the sustainable development recipe, reminds us of the "green revolution" control of most of our food supply in the hands of companies like Monsanto, and the increased in malnutrion in our countries, until when we have to pay the price?
lunes, agosto 27, 2012
Bogota y Lima, decidiendo Nuestro Futuro: ¡No al tratado de libre comercio con la UE!
Bogotá y Lima, el 05 de Septiembre 2012
Las organizaciones de Derechos Humanos, sindicales, campesinas,
indígenas, afro-descendientes, víctimas de conflicto armado, organizaciones estudiantiles, de mujeres, medioambientales y de desarrollo abajo firmantes deseamos una transformación en las relaciones actuales de la Unión Europea (UE) con América Latina. Defendemos unas relaciones comerciales basadas en la complementariedad y el desarrollo inclusivo de las regiones desde un enfoque de derechos; creemos que el Tratado de Libre Comercio negociado por la UE con Perú y
Colombia, y propuesto para Ecuador y Bolivia, va en una dirección contraria, teniendo en cuenta que:
• Existen diferencias abismales entre las economías y los niveles de desarrollo de Europa y los países andinos. Estas asimetrías hacen que el actor más fuerte, en este caso la UE, pueda imponer sus condiciones en beneficio de sus intereses (particularmente corporativos), aplicando normas que limitan la capacidad de los países para definir su modelo de desarrollo y, en consecuencia, el bienestar de las mayorías tanto en Europa como en los países andinos.
• El acuerdo entre la UE y los países andinos fue negociado antes de la implosión de la crisis europea. En el momento actual, el acuerdo propone medidas - como la liberalización de los servicios financieros- que profundizan el mismo modelo que está en crisis. Con este tipo de medidas, se pone hoy en peligro, además de la economía real, la existencia de los servicios públicos como la salud y la educación.
• El acuerdo profundizaría el modelo minero extractivista y el carácter exportador de materias primas de Colombia y Perú, con graves consecuencias ambientales y sociales, así como sobre los territorios y comunidades locales, que no han sido tomadas en cuenta en el Acuerdo negociado.
• El Acuerdo de libre comercio privilegia la seguridad de los inversionistas en detrimento de los derechos y el desarrollo de los pueblos latinoamericanos. Las disposiciones actuales sobre derechos humanos son inoperantes como lo fueron las que están en vigor actualmente en el marco del SGP+. Además, los beneficios que obtendrían las empresas europeas no se revierten en un mayor bienestar y el cumplimiento de los derechos económicos y sociales para las/los ciudadanas/os.
• Estos acuerdos se negociaron a espaldas de los pueblos afectados tanto de América Latina como de Europa, en medio de conflictos sociales intensos. Y por ende no toman en cuenta sus opiniones, preocupaciones o intereses. Para ejemplificar lo anterior, algunos ejemplos de los posibles efectos agravantes de los acuerdos negociados dan cuenta de que:
- En Colombia cerca de la mitad de los pueblos indígenas están en vías de extinción debido en gran parte al desarrollo de proyectos económicos (principalmente industrias extractivas y agroindustria) en sus territorios. Según el estudio de impacto encargado por la propia Comisión Europea1, el TLC entre la UE Colombia y Perú tendrá como resultado el aumento de la presión sobre la tierra. Las organizaciones de los pueblos indígenas estuvieron reiteradamente en el Parlamento Europeo denunciando esta situación, pero vemos que sus denuncias no han sido tomadas en cuenta hasta ahora.
- El Tratado negociado amenaza gravemente la soberanía y seguridad alimentaria: se han demostrado los impactos nefastos en el sector lechero para los pequeños productores de los diferentes países2. El impulso a los proyectos de agroindustria y principalmente a la producción de palma y caña, materias primas para agrocombustibles, implica una modificación del uso de los suelos, un debilitamiento del sector campesino y el desplazamiento de comunidades indígenas y afrocolombianas.
- Colombia exporta el 94% de su carbón y la UE es el primer importador. La mayor cantidad de carbón se extrae en los departamentos de Guajira y Cesar. El 67% fue extraído por transnacionales europeas y esta cifra aumentaria si se da más privilegios a los inversionistas, tal como lo prevé el TLC. Colombia es el país con los costos de operación más bajos del continente. De este negocio, a Colombia sólo le queda la afectación ambiental, social y económica. La Contraloría General ha demostrado que las empresas transnacionales no pagan lo establecido por la ley. Ninguna norma del TLC permite responsabilizar y controlar a estas empresas. Por el contrario, las empresas multinacionales podrán demandar al Estado colombiano si éste se negara a expedir las licencias ambientales para la explotación minera, argumentando que es una restricción injustificada a la inversión.
- En Perú y Colombia, los proyectos mineros no han tenido adecuadamente en cuenta los impactos ambientales y sociales, como se refleja en los casos de Cajamarca (Perú) y Santurbán (Colombia), ubicados en zonas donde hay nacimientos de agua y han generado el rechazo de las comunidades de la región.
La situación y los impactos de este tratado de libre comercio sobre la población en general y particularmente para las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, afrocolombianos y las mujeres, de ninguna manera se resuelven con una Hoja de Ruta limitada y sin fuerza vinculante con los acuerdos. Así mismo, la crítica situación de violaciones a los derechos humanos, violencia antisindical y amenazas contra las y los defensores de derechos humanos continúa existiendo, bajo la complicidad del Estado Colombiano y no ha sido resuelta hasta ahora.
Un informe reciente encargado por el Parlamento Europeo a académicos del Reino Unido3 concluye que “no hay ningún mecanismo específico para el seguimiento de la aplicación de la cláusula de derechos humanos, ni ningún subcomité dedicado a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la democracia". Igualmente subraya que “en oposición a la posición del Parlamento Europeo, el Acuerdo contiene solo las referencias más limitadas a la responsabilidad social corporativa (como ámbitos de cooperación). Tampoco hace referencia alguna al Convenio nº 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, al que se hace referencia en la evaluación del impacto sobre la sostenibilidad”"
Por estas razones y otras más, nosotras-os como organizaciones de Colombia, Perú y Ecuador, sumándonos así a numerosos sectores, les solicitamos votar por la NO ratificación de este Tratado.
1 "EU-Andean Trade Sustainability Impact Assessment";
http://trade.ec.europa.eu/ doclib/docs/2010/april/tradoc_ 146014.pdf
2 "The European Union is the Big Cheese. EU Trade Agreements with Latin America". ALOP, APRODEV, GRUPO SUR. Julio 2010
3 "UNIÓN EUROPEA: «ACUERDO COMERCIAL» CON COLOMBIA Y PERÚ". Christopher STEVENS y Jody KEAN, Instituto de Desarrollo en Países Extranjeros, Reino Unido Lorand BARTELS, Universidad de Cambridge, Reino Unido Stephen WOOLCOCK, Escuela de Economía de Londres, Reino Unido. 20 de marzo de 2012
http://www.europarl.europa.eu/ meetdocs/2009_2014/documents/ inta/dv/896/896710/896710es. pdf
Las organizaciones de Derechos Humanos, sindicales, campesinas,
indígenas, afro-descendientes, víctimas de conflicto armado, organizaciones estudiantiles, de mujeres, medioambientales y de desarrollo abajo firmantes deseamos una transformación en las relaciones actuales de la Unión Europea (UE) con América Latina. Defendemos unas relaciones comerciales basadas en la complementariedad y el desarrollo inclusivo de las regiones desde un enfoque de derechos; creemos que el Tratado de Libre Comercio negociado por la UE con Perú y
Colombia, y propuesto para Ecuador y Bolivia, va en una dirección contraria, teniendo en cuenta que:
• Existen diferencias abismales entre las economías y los niveles de desarrollo de Europa y los países andinos. Estas asimetrías hacen que el actor más fuerte, en este caso la UE, pueda imponer sus condiciones en beneficio de sus intereses (particularmente corporativos), aplicando normas que limitan la capacidad de los países para definir su modelo de desarrollo y, en consecuencia, el bienestar de las mayorías tanto en Europa como en los países andinos.
• El acuerdo entre la UE y los países andinos fue negociado antes de la implosión de la crisis europea. En el momento actual, el acuerdo propone medidas - como la liberalización de los servicios financieros- que profundizan el mismo modelo que está en crisis. Con este tipo de medidas, se pone hoy en peligro, además de la economía real, la existencia de los servicios públicos como la salud y la educación.
• El acuerdo profundizaría el modelo minero extractivista y el carácter exportador de materias primas de Colombia y Perú, con graves consecuencias ambientales y sociales, así como sobre los territorios y comunidades locales, que no han sido tomadas en cuenta en el Acuerdo negociado.
• El Acuerdo de libre comercio privilegia la seguridad de los inversionistas en detrimento de los derechos y el desarrollo de los pueblos latinoamericanos. Las disposiciones actuales sobre derechos humanos son inoperantes como lo fueron las que están en vigor actualmente en el marco del SGP+. Además, los beneficios que obtendrían las empresas europeas no se revierten en un mayor bienestar y el cumplimiento de los derechos económicos y sociales para las/los ciudadanas/os.
• Estos acuerdos se negociaron a espaldas de los pueblos afectados tanto de América Latina como de Europa, en medio de conflictos sociales intensos. Y por ende no toman en cuenta sus opiniones, preocupaciones o intereses. Para ejemplificar lo anterior, algunos ejemplos de los posibles efectos agravantes de los acuerdos negociados dan cuenta de que:
- En Colombia cerca de la mitad de los pueblos indígenas están en vías de extinción debido en gran parte al desarrollo de proyectos económicos (principalmente industrias extractivas y agroindustria) en sus territorios. Según el estudio de impacto encargado por la propia Comisión Europea1, el TLC entre la UE Colombia y Perú tendrá como resultado el aumento de la presión sobre la tierra. Las organizaciones de los pueblos indígenas estuvieron reiteradamente en el Parlamento Europeo denunciando esta situación, pero vemos que sus denuncias no han sido tomadas en cuenta hasta ahora.
- El Tratado negociado amenaza gravemente la soberanía y seguridad alimentaria: se han demostrado los impactos nefastos en el sector lechero para los pequeños productores de los diferentes países2. El impulso a los proyectos de agroindustria y principalmente a la producción de palma y caña, materias primas para agrocombustibles, implica una modificación del uso de los suelos, un debilitamiento del sector campesino y el desplazamiento de comunidades indígenas y afrocolombianas.
- Colombia exporta el 94% de su carbón y la UE es el primer importador. La mayor cantidad de carbón se extrae en los departamentos de Guajira y Cesar. El 67% fue extraído por transnacionales europeas y esta cifra aumentaria si se da más privilegios a los inversionistas, tal como lo prevé el TLC. Colombia es el país con los costos de operación más bajos del continente. De este negocio, a Colombia sólo le queda la afectación ambiental, social y económica. La Contraloría General ha demostrado que las empresas transnacionales no pagan lo establecido por la ley. Ninguna norma del TLC permite responsabilizar y controlar a estas empresas. Por el contrario, las empresas multinacionales podrán demandar al Estado colombiano si éste se negara a expedir las licencias ambientales para la explotación minera, argumentando que es una restricción injustificada a la inversión.
- En Perú y Colombia, los proyectos mineros no han tenido adecuadamente en cuenta los impactos ambientales y sociales, como se refleja en los casos de Cajamarca (Perú) y Santurbán (Colombia), ubicados en zonas donde hay nacimientos de agua y han generado el rechazo de las comunidades de la región.
La situación y los impactos de este tratado de libre comercio sobre la población en general y particularmente para las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, afrocolombianos y las mujeres, de ninguna manera se resuelven con una Hoja de Ruta limitada y sin fuerza vinculante con los acuerdos. Así mismo, la crítica situación de violaciones a los derechos humanos, violencia antisindical y amenazas contra las y los defensores de derechos humanos continúa existiendo, bajo la complicidad del Estado Colombiano y no ha sido resuelta hasta ahora.
Un informe reciente encargado por el Parlamento Europeo a académicos del Reino Unido3 concluye que “no hay ningún mecanismo específico para el seguimiento de la aplicación de la cláusula de derechos humanos, ni ningún subcomité dedicado a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la democracia". Igualmente subraya que “en oposición a la posición del Parlamento Europeo, el Acuerdo contiene solo las referencias más limitadas a la responsabilidad social corporativa (como ámbitos de cooperación). Tampoco hace referencia alguna al Convenio nº 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, al que se hace referencia en la evaluación del impacto sobre la sostenibilidad”"
Por estas razones y otras más, nosotras-os como organizaciones de Colombia, Perú y Ecuador, sumándonos así a numerosos sectores, les solicitamos votar por la NO ratificación de este Tratado.
1 "EU-Andean Trade Sustainability Impact Assessment";
http://trade.ec.europa.eu/
2 "The European Union is the Big Cheese. EU Trade Agreements with Latin America". ALOP, APRODEV, GRUPO SUR. Julio 2010
3 "UNIÓN EUROPEA: «ACUERDO COMERCIAL» CON COLOMBIA Y PERÚ". Christopher STEVENS y Jody KEAN, Instituto de Desarrollo en Países Extranjeros, Reino Unido Lorand BARTELS, Universidad de Cambridge, Reino Unido Stephen WOOLCOCK, Escuela de Economía de Londres, Reino Unido. 20 de marzo de 2012
http://www.europarl.europa.eu/
domingo, agosto 19, 2012
Cifras del TLC con Canadá reafirman el fracaso de la política de “Libre” Comercio.

RED COLOMBIANA DE ACCIÓN FRENTE AL LIBRE COMERCIO, RECALCA
Bogotá, agosto 18 de 2012
Un año acaba de cumplirse desde que entró en vigencia el TLC con Canadá. Las cifras oficiales demuestran que lejos de vender, dicho acuerdo ha servido principalmente para que Canadá aumente sus ventas sobre Colombia. En el primer semestre del año, las ventas colombianas cayeron 15,9%, ubicándose en 227,9 millones de dólares, mientras que las importaciones de productos canadienses crecieron en un 30% hasta los 455,8 millones de dólares. (Portafolio, 14 de agosto de 2012).
El crecimiento en el déficit de la balanza comercial de Colombia con Canadá se soporta fundamentalmente en las importaciones de productos agropecuarios, maquinaria, autos y sus partes. Y aún pudo ser peor: A inicios del mes de Mayo, el gobierno canadiense presentó una queja frente a Colombia porque, debido al atraso logístico y administrativo (que muchos aducen a la improvisación y a la falta de preparación) en la implementación de unos contingentes, dejaron de exportarnos 14 mil toneladas de carne bovina, porcina y frijoles. (Portafolio, 7 de mayo de 2012).
Pese a lo contundente de las cifras, el Ministro señala como merito y recompensa el aumento de la inversión extranjera directa originaria de Canadá. Ocultando que el 80% de la IED en general se concentra en la actividad minera y que Canadá es el principal inversionista extranjero en petróleo y minas del país, una actividad que además de no dejar la riqueza ni empleo suficiente, está acabando con la industria y el agro vía “enfermedad holandesa”
RECALCA ratifica aún más su postura crítica frente a estos acuerdos comerciales que, remplazando la producción y el empleo nacional por el extranjero, ahondan la ya difícil crisis social, económica y laboral que afronta el país.
Página web: www.recalca.org.co
E-mail: recalca@etb.net.co
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