NO A LOS TLCs DE TERCERA GENERACIÓN
Napoleón
Saltos Galarza
Quito,
12 de agosto de 2015
La
Marcha y el Paro han centrado las demandas en el retiro de las enmiendas
constitucionales. No se trata de medidas aisladas, las enmiendas responden a
una lógica de modernización funcional a las exigencias del capital global.
Ante
la crisis mundial, el capital acude a las formas extremas de dominio y
explotación. El “nuevo imperialismo” se basa en la “acumulación por despojo”,
en el imperio monetario y en la reproducción especulativa del capital
financiero. Para ello requiere eliminar las últimas barreras de la soberanía de
los Estados nacionales y de la resistencia de los pueblos.
La
estrategia clave es la firma de un nuevo tipo de Tratados de Libre Comercio,
TLCs de tercera generación.
En
1994, el Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, planteó la constitución
del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), como extensión del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Era el tiempo de optimismo norteamericano,
del “fin de la historia”, la promesa del mercado libre y de la democracia
liberal, después de la caída del Muro de Berlín. Todavía en estos tratados la
soberanía y la integración de los Estados contaba como un factor del acuerdo.
Paralelamente,
en 1995, se instituye la Organización Mundial del Comercio (OMC), una expansión
del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) establecido en
1947, como complemento de los Acuerdo de Bretton Woods. La OMC actúa sobre el
principio de la adhesión a la totalidad de los Acuerdos, sin que los países
puedan optar por una diferenciación según sus intereses y condiciones.
El
ALCA debía entrar en vigencia en el 2004. Sin embargo, la resistencia de los
pueblos y la presencia de gobiernos “progresistas” derrotaron el intento de
neocolonización en la IV Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata en
noviembre de 2005. Ante este revés, Estados Unidos dio un giro a la firma de
TLCs bilaterales. La capacidad de negociación de los Estados nacionales se
redujo y diversos países firmaron los Tratados; se abrió la puerta a un
desembarco conquistador.
En
nuestro país, la resistencia de los movimientos sociales y de los pueblos
indígenas obligó al Gobierno de Alfredo Palacio a suspender la participación en
las negociaciones del TLC Andino, emprendido por Colombia y Perú. Rafael Correa
recibió este mandato y declaró en varias ocasiones que iba a respetarlo.
Después
de la crisis del 2008, el capital financiero mundial se desplaza a formas
rentistas de acumulación, con lo que se desata una ola alcista de los precios
internacionales de las commodities, especialmente del petróleo. América Latina
puede entrar en un período de bonanza y nuestro país tiene un crecimiento del
PIB en torno al 5% anual. La crisis del eje Norte-Sur, liderado por la tríada
USA-UE-Japón, y la emergencia del eje Este-Oeste, liderado por los BRICs, en
particular, China, permiten un período corto de desconexión y de
diversificación de las relaciones internacionales.
El
cambio de las condiciones internacionales y el fracaso del proyecto de Alianza
País por el desaprovechamiento del período de bonanza para un cambio del patrón
de acumulación, llevan al Ecuador a un nuevo ciclo de crisis, que se presenta
inicialmente como problema de iliquidez fiscal y que apunta a transformarse en
una crisis económica. El estallido de la burbuja financiera de las commodities
y la reapreciación de dólar, reducen los ingresos fiscales: el Presupuesto se
calculó con un barril de 79 dólares, pero se ha movido en torno a los 42
dólares.
Ante
la escasez, el régimen regresa a las viejas fórmulas fondomonetaristas y a la
reinserción en los circuitos del Eje Norte-Sur. El FMI y el Banco Mundial
regresan por la ventana. El oro de las reservas se empeña a Goldman Sachs. Se
inicia una onda expansiva de endeudamiento externo.
Dentro
de Alianza País se produce un debate entre las visiones que ponían el acento en
la integración latinoamericana, sobre todo en el MERCOSUR, como alternativa a
la crisis; y aquellas que propugnaban la integración en el Acuerdo Comercial
con la Unión Europea. Se impuso la línea pragmática-empresarial. Para el
segundo mandato Rafael Correa designa a Jorge Glass como candidato a la
Vicepresidencia, relegando a los voceros de la línea ideológica de la Sierra.
La política y el equipo económico inician un giro, para garantizar la firma del
TLC con Europa.
Alianza
País ha jugado la estrategia de borrar la memoria social para llenar el
imaginario de nuevas visiones. La estrategia de desmonte de la memoria de la
resistencia contra el TLC actúa gradual y solapadamente. Después de la firma
del Tratado de Asociación Económica con la Unión Europea, el 17 de julio del
2014, se deja un tiempo hasta el 2016 para que entre en vigencia, después de la
ratificación de los Parlamentos de los países integrantes de la UE y del
Parlamento ecuatoriano.
En
realidad, el plazo es para reajustar el marco normativo a las exigencias del
Acuerdo. El primer escollo es la contradicción de los Acuerdos con la
Constitución de Montecristi.
Más
allá del tema de la reelección indefinida (enmienda del Art. 114), que actúa
como cortina de humo para ocultar los temas de fondo, las enmiendas se
concentran en cuatro puntos clave: la eliminación del sindicalismo público
(enmiendas de los Arts. 229 y 326), la eliminación de la capacidad de la
ciudadanía “para solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto” (enmienda del
Art.104), la definición de “la comunicación
como un servicio público (que) se prestará a través de
medios públicos, privados y comunitarios” (enmienda del Art. 384) y
la concentración de las competencias sobre educación y salud en el Ejecutivo,
limitando las atribuciones de los gobiernos municipales (enmienda del Art. 264)
Estas
enmiendas se articulan a otras normas, en particular las del Código Orgánico
Integral sobre la criminalización de las luchas sociales, sobre todo en el
Libro Primero, Capítulo Sexto, titulado “Delitos contra el Estado
Constitucional. Mediante una extensión de la tipificación de los delitos de
rebelión (Art. 336), sabotaje (Art. 345), paralización de un servicio público
(Art. 346), incitación a la discordia entre ciudadanos (Art. 348), terrorismo
(Art. 366), el objetivo es bloquear el derecho a la protesta y la movilización
social. Por ejemplo, mediante una definición laxa e indiferenciada de la
violencia; se incluyen dentro del “sabotaje” acciones que han sido
características de las luchas de los movimientos sociales, como el cierre de
vías o la toma pacífica de una dependencia pública. En las movilizaciones
actuales, se ha detenido a ciudadanos por pegar afiches con el llamado a la Marcha
y al Paro, acusados de “incitar a la discordia entre ciudadanos”.
El
sentido profundo de las enmiendas y de diversas reformas a las normas legales
es ajustar la Constitución y las leyes a las normativas del Tratado con la UE.
La propaganda oficial ha mostrado el Acuerdo como diferente al proceso de los
TLCs e incluso como beneficioso. Y hay
que reconocer, autocríticamente, que ha logrado controlar a la opinión pública.
La firma del 17 de julio pasó sin mayor resistencia social.
Pero
en realidad se trata no sólo de un nuevo capítulo en la saga de los TLCs, sino de
tratados de “tercera generación”, que envuelven un mayor riesgo para la
soberanía y la economía de nuestro país. Se articula a la lógica del TISA
(Acuerdo de Comercio en Servicios), en el que se diluye la soberanía de los
Estados nacionales, y queda subordinada a las demandas de las transnacionales.
50
países, encabezados por los Estados Unidos, que representan el 68% del comercio
mundial en servicios, están negociando en secreto el TISA, al margen de la OMC.
Integra otros acuerdos regionales como el TTIP entre Estados Unidos y Europa (Asociación
Transatlántica para el Comercio y la Inversión), denominado también la OTAN
económica; y el TPP entre Estados Unidos y varios países del Pacífico Acuerdo
Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica), para contener la expansión
del eje China-Rusia.
“El término “servicios” en este
contexto abarca desde agua y alimentación, a salud, educación, investigación,
comunicaciones, correos, transportes, telecomunicaciones, comercio electrónico,
venta minorista y mayorista, servicios financieros, y mucho más, incluso los
mal llamados “servicios ambientales” relacionados a bosques, sistemas
hidrológicos y otras funciones de los ecosistemas. ¡Hasta los migrantes se
incluyen en el tratado como supuestos ‘proveedores de servicios’!” (Ribeiro, 2015)
Los
pueblos entran desarmados a esta nueva batalla. La conciencia lograda en la
resistencia a los TLCs en la década pasada, ha sido disuelta paradójicamente
por las políticas y la propaganda de los llamados gobiernos “progresistas”. Las
iniciales propuestas de integración regional con soberanía, como UNASUR, Banco
del Sur, se han quedado en eso, en propuestas; y han dado paso al nuevo
desembarco invisible de las transnacionales.
Nuevamente
desde abajo hay que iniciar una marcha para detener esta nueva ofensiva
colonial y colocar en el centro de nuestras demandas ¡NO AL TLC!
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